El Poder Ejecutivo, a través del proyecto de ley 23.450, pretende crear el Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat), institución que se encargaría de las funciones actuales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH) y del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).
La iniciativa, de acuerdo con la fracción socialcristiana, viola principios de orden constitucional y pretende llenar vacíos legales con reglamentos dictados por esta nueva institución, aspectos que consideran inconvenientes para el país.
Su oposición la fundamentaron en seis fundamentales puntos:
- Desaparición del bono familiar de vivienda y programas sociales como el de la vivienda para personas jóvenes; construcción en territorios insulares; bono diferido; bono para personas adultas mayores y vivienda comunitaria para adultos mayores en condición vulnerable.
- La concentración del poder, pues este se concentraría en la persona jerarca del ministerio, que no tendría mecanismos de transparencia, supervisión, seguridad jurídica o de rendición de cuentas. Además, más de 250 artículos entre leyes y reglamentos vigentes, serían sustituidos por un texto con 36 artículos.
- Se generaría una función financiera no compatible, ya que se elimina el BANHVI y se le otorgan a un ministerio las funciones financieras propias de un banco.
- Derogación de la ley que establece la naturaleza, funcionamiento y objetivos de las mutuales, por lo que quedarían sin marco jurídico que habilite su función.
- Elimina el Impuesto Solidario que financia programas dirigidos a la dotación de vivienda digna para personas en condición de pobreza, y en su lugar reforma el artículo 23 de la Ley 7.509 de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para que un porcentaje excedente al 0.25% se transfiera Hacienda, con el fin de financiar al Mihabitat.
- Creación de inseguridad jurídica en el manejo de fondos, ya que se eliminaría el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), el Fondo de Subsidio de Vivienda (FOSUVI) y el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP), para que sean usados en “vehículos financieros de propósito especial”.
“El texto presentado por el Poder Ejecutivo no busca fusionar instituciones públicas para reestructurar a un sector en búsqueda de eficiencia y mejoramiento de la atención de vivienda, lo que sí pretende es construir un ‘mega ministerio’, con excesivas potestades administrativas, políticas y financieras”, comunicó la fracción.
A pesar de que los socialcristianos no apoyarán la propuesta de ley, la fracción afirmó que están dispuestos a trabajar en conjunto para la creación de una política pública para mejorar, fortalecer y potenciar el sector vivienda.
El proyecto está siendo estudiado en la Comisión de Modernización del Estado. La diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio, que es parte de este estudio, expresó que le preocupa el estado en que quedará el bono familiar y cómo funcionaría el fideicomiso que propone la iniciativa.
- Diputado propone reducir a 1% el IVA de pañales desechables - 21 de marzo de 2024
- Turismo crece en el país: en un mes ingresaron vía aérea 291.152 vacacionistas - 20 de marzo de 2024
- PUSC presenta recurso de amparo para garantizar servicio de agua en Hatillo - 20 de marzo de 2024
Comentarios