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¿Se puede regular el aborto terapéutico en Costa Rica?

Hay contradicciones entre los políticos y los doctores sobre lo que es el aborto terapéutico y el aborto impune.

Este lunes la Asamblea Legislativa aprobó una moción para solicitarle al presidente de la República, Carlos Alvarado, que no firmara la norma técnica sobre el aborto terapéutico, un mecanismo a través del cual el Poder Ejecutivo pretende regular su implementación.

La moción fue propuesta por la diputada socialcristiana Shirley Díaz, quien recibió apoyo de otros legisladores de partidos como Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN) y Restauración Nacional (PRN).

Después de varios recesos tomados por los jefes de fracción para discutir sobre esta y dos mociones más de temas relacionados, 27 diputados votaron a favor y 26 en contra de enviar la solicitud al Presidente Alvarado.

Entre lo que dicta la moción, se encuentra: “Para que el Plenario Legislativo acuerde enviar una respetuosa excitativa al señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, para que se abstengan de emitir o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune del artículo 121 del Código Penal”.

No obstante, esta moción no le impide a Alvarado firmar la norma técnica para regular el aborto terapéutico, también conocido como aborto impune, ya que la aprobación de la propuesta de Díaz, no es vinculante para el Poder Ejecutivo.

Según la Constitución Política de Costa Rica en el artículo 140, el único encargado de reglamentar las leyes del país es este poder de la República. “Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento”, dice el artículo.

Ese día también se aprobó la moción del diputado republicano Otto Roberto Vargas, en la que exige a Alvarado ponerles en conocimiento de lo que incluye la norma técnica sobre aborto impune.

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Conocer la norma

Desde 1971 está vigente en Costa Rica el artículo 121 del Código Penal, que establece que el aborto no es punible “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.

Precisamente, para la Dra. Sadie Morgan, presidenta de la Alianza Por la Vida CR, es necesario entender que este artículo se refiere a algo que se hizo, no que se va a hacer.

“Este código aplica para tipificar conductas que ya ocurrieron, entonces hay una confusión entre lo que es un artículo penal que sirve para testificar una conducta o un procedimiento que se va a hacer, que es lo que han llamado aborto terapéutico”, señaló Morgan.

La doctora considera que no tiene sentido la regulación de la norma técnica que firmará o no el presidente Alvarado. “Uno no puede regular algo que está en un código penal, uno no puede regular un delito, aunque sea uno impune. Nosotros como médicos nos basamos en los criterios clínicos para definir cuál es el procedimiento. En ese caso no tendría sentido una norma que venga a regular un delito”, afirmó.

Morgan explica que entre las consecuencias de implementar este mecanismo, está el hecho de que se está cambiando una norma penal a una norma de derechos.

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Como ciudadana, indica que los diputados actuaron responsablemente al solicitar primero que se conozca la norma. “Al tratarse de un derecho fundamental como lo es la vida, es importante para la Asamblea las medidas que se tengan que cambiar para modificar cualquier normativa que afecte la vida, me parece que los diputados actuaron responsablemente”, indicó Morgan.

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Ilegalidad

Nancy Marín, ministra de Comunicación, aseguró en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo no puede ir más allá de lo que regula el Código Penal en su artículo 121, ya que si lo hiciera, sería ilegal.

“El Poder Ejecutivo realizó un análisis al marco de este código del aborto no punible. No hay ninguna ampliación sobre este tema, ni tampoco ninguna valoración de ampliar lo que ya está establecido en el Código Penal”, dijo Marín.

La ministra indicó que no han recibido la moción que aprobaron los legisladores, sin embargo resaltó que están a la espera de recibirla para analizarla.

Disputa 

Laura Guido, diputada del PAC

Tras la aprobación de la moción, varios sectores externaron sus opiniones acerca del aborto terapéutico, unos a favor y otros en contra. La diputada Laura Guido, por medio de sus redes sociales indicó que no va a descansar hasta que las mujeres de Costa Rica tengan la posibilidad de acceder a una norma técnica segura para ellas.

“Cuando puse mi nombre a elección popular uno de los temas más importantes para mí fue que se entendiera que cuando la vida o la salud de una mujer corre riesgo por embarazo debemos pensar en el drama humano que está viviendo y proveerla de una atención médica adecuada”, señaló Guido.

Xiomara Rodríguez, diputada del PRN

Xiomara Rodríguez, legisladora de Restauración Nacional, fue una de las que votó a favor de la moción y defendió la vida de los no nacidos en el Plenario. “Los médicos fuimos formados para cuidar y preservar la vida. Utilicemos los términos que se deben utilizar, no existe el aborto terapéutico, empecemos a llamar las cosas como son. En nuestro país existe el aborto impune, no el terapéutico”, manifestó Rodríguez. 

Además añadió: “Para mí es una norma que suaviza el tema y abre portillos para que en este país se legalice el aborto. Porque no se fundamenta, se contradice, se fundamenta primero en el artículo 121 que habla sobre el aborto impune. En nuestro código no existe el aborto terapéutico, es un término que no existe”.

Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), llamó al Presidente Carlos Alvarado a aprobar una norma que reglamente la práctica del aborto terapéutico. “Sin ella el Estado costarricense está infringiendo los compromisos internacionales que ha asumido para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres, como por ejemplo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw)”, externó la institución.

Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer

El Inamu indicó que ha ofrecido y seguirá ofreciendo criterios técnicos para garantizar el derecho humano a la salud y la vida de las mujeres.

Por su parte Iglesia católica instó al presidente Alvarado para que se base en “estrictos criterios médicos y científicos y nunca en consideraciones ideológicas” antes de que apruebe cualquier norma que pretenda regular la aplicación de un procedimiento médico a una mujer embarazada.

Los líderes de la Iglesia aseguran que cualquier procedimiento médico debe atender la “mejor valoración científica y ética del binomio madre-hijo y la mejor manera de salvar la vida de ambos”. También recordaron que los avances en la seguridad social del país, han logrado proveer a la madre y al hijo una atención médica de primer orden, que ha reducido la mortalidad materno-infantil a niveles de primer mundo.

El Ministerio de Salud es el responsable de emitir la norma técnica, pero su aprobación depende de la presidencia de la República.

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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