El lunes pasado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó el decreto ejecutivo N° 43249-S que obliga a todos los trabajadores del sector público a recibir la vacuna contra Covid-19, y permite a los patronos del sector privado aplicar esta misma imposición en sus empresas.
Ante el anuncio, figuras como Walter Muñoz, Eli Feinzaig, Natalia Díaz, Catalina Crespo y Otto Guevara, recordaron que la decisión sobre vacunarse o no es un derecho fundamental de cada quien y alertaron que era probable una gran cantidad de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad.
Precisamente este viernes Osvaldo Sauma Cortés, vecino de San José, presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, una solicitud de medida cautelar ante causam sin audiencia y la suspensión de la ejecución del decreto que comenzaría a regir este viernes 15 de octubre, y del decreto XLV-2021 de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de vacunación obligatoria.
El ciudadano sostiene que “el decreto ejecutivo de obligatoriedad de la vacuna para funcionarios públicos y trabajadores privados es cuestionado por graves, notorios y evidentes vicios de ilegalidad mediante medida cautelar. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede darle efecto legal al decreto ilegal hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo se pronuncie en firme”.
De acuerdo con Ernesto Jinesta, Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de Complutense Madrid y Especialista Derecho Constitucional Madrid, “la situación es muy grave porque se está violando el derecho fundamental de los ciudadanos que brinda el Artículo 49 de la Constitución para impugnar, revisar y fiscalizar cualquier conducta o actuación administrativa. Hasta que se pronuncie definitivamente el tribunal contencioso es que pueden darle ejecución a un acto que está siendo cuestionado por vicios notorios evidentes y carentes de legalidad”.
Manifestación ante obligatoriedad
El grupo “Movimiento por la Salud y la Libertad” organizó este viernes una manifestación frente a la Defensoría de los Habitantes y otra frente al Ministerio de Salud. En ella participaron cientos de personas que están en contra de la obligatoriedad que propone el decreto.
Catalina Crespo, jerarca de la institución, invitó al presidente Alvarado y al ministro de Salud, Daniel Salas, a un conversatorio con este grupo al conocer sobre la manifestación planeada; sin embargo, el mandatario rechazó la reunión.
“Lamentamos que no se asigne a alguna autoridad para que escuche a estas personas y se expongan los argumentos oficiales que sustentan la obligatoriedad de la vacunación”, manifestó Crespo.
Añadió que no es antivacunas y que no promueve la no vacunación. Asimismo, solicitó al Presidente de la República, no hacer noticias falsas para desviar la atención sobre los problemas nacionales.
“Es solo a través del dialogo y el respeto humano que muchas de esas personas podrían cambiar su posición y aceptar la vacuna. Con solo un costarricense, de los 800 mil que hasta ahora han manifestado su rechazo a la vacunación, que se vacune, salvaremos vidas. Y desde la Defensoría en eso estamos”, concluyó la Defensora.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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