

Sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores municipales y comunidades universitarias crearán el “Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense”.
Así lo acordaron este jueves durante un encuentro multisectorial en el que participaron 30 organizaciones sindicales, cinco organizaciones sociales y comunidades universitarias.
“Desarrollaremos diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar al Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajora”, indica la declaratoria del encuentro multisectorial.
También indica que enfrentarán de manera conjunta la agenda legislativa “que en el marco del acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva”.
De acuerdo con las organizaciones y sindicatos, la pandemia del Covid ha profundizado asimetrías sociales y económicas que el país ya presentaba, como una mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional y el incremento de la pobreza.
Además, consideran que los medios de comunicación han culpado al sector público y a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas.
Indicaron que próximamente comunicarán las actividades que realizarán en marzo en contra de la Ley Marco de Empleo Público.
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Rectoría de empleo público estará a cargo de MIDEPLAN
Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración han discutido por varias semanas múltiples mociones propuestas a este proyecto de ley, que tiene como uno de sus principales objetivos, ordenar ocho familias laborales de acuerdo con la especialidad y la naturaleza del servicio que brinda el funcionario público.
Recientemente aprobaron que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Economía (MIDEPLAN) sea la institución encargada de la rectoría de empleo público, y que el Servicio Civil establezca, dirija y coordine la emisión de políticas públicas.
Asimismo, los congresistas acordaron mantener dentro de la iniciativa a las empresas de capital municipal, o que hayan sido creadas en una sociedad mixta con el sector privado y cuyo 51% de las acciones sea del sector público.
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