Luego de múltiples discusiones y mociones estudiadas, el Plenario Legislativo aprobó este jueves en primer debate la Ley marco de empleo público.
Esta propuesta de ley es parte de los compromisos adquiridos por el Poder Ejecutivo para obtener un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1.750 millones.
La iniciativa crea un salario global y ocho familias del régimen de empleo público; sin embargo, solo será aplicado a los funcionarios de nuevo ingreso. Otros de los aspectos que contempla son:
- Tope a las vacaciones de 20 días y prohibición de acumulación de más de dos periodos.
- Objeción de conciencia, que permitirá a los funcionarios rechazar capacitaciones que consideren que van en contra de sus convicciones éticas, religiosas y morales.
- Congelamiento de anualidades.
- Despidos a personas que tuvieron en sus evaluaciones del desempeño dos notas menores a 70. Serían removidos de sus cargos sin responsabilidad patronal.
Al finalizar los debates en comisión y en Plenario, se incluyó al Poder Judicial y a las universidades púbicas dentro del proyecto.
Diputados en contra
Según Paola Vega, diputada de la bancada oficialista, al incluir a las universidades se da una violación de la autonomía, lo que puede ser un vicio de inconstitucionalidad.
Agregó: “La objeción de conciencia no es el único tema de derechos que se afecta en la Ley de Empleo Público. Hay serias afectaciones en el tema laboral también. Que el progresismo sea uno integral. Ambos derechos valen igual”.
Por estas razones Vega votó en contra de la iniciativa, al igual que Franggi Nicolás, José María Villalta y otros 12 congresistas.
“No puedo votar un proyecto de ley que propone que los jueces y fiscales de la República sean nombrados por un departamento de un ministerio, lo cual permitiría que cualquier gobierno de turno pueda hacer un claro manoseo en nombrarlos, según su conveniencia. No puedo votar a favor de un proyecto de ley que engaña al decir que ordena los abusos en el sector público, congelándole el salario a los misceláneos, cocineras, guardas o policías de la fuerza pública, pero por otro lado, no toca las gollerías en salarios de banqueros, gerentes y presidentes ejecutivos”, explicó Nicolás.
Para la congresista el país necesita ordenar los abusos en el sector público y regular muchos otros excesos que aún persisten y que se deben erradicar.
A criterio de Villalta, el proyecto no logra su objetivo de generar un ahorro en las finanzas públicas.
La propuesta de ley ahora deberá ir a la Sala Constitucional.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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