Alicia Avendaño directora de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda y Nogui Acosta, viceministro de Hacienda
El viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, compareció este martes en audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, para exponer su posición sobre el proyecto de Ley 20.961 contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico.
Los diputados que conforman la Comisión criticaron a Acosta por poner trabas a un posible sistema que le haría frente a la problemática de contrabando que vive el país, que además de generar pérdidas estimadas en $40 millones anuales, ha sido la causa de muerte de más de 25 personas por intoxicación.
Acosta indicó que en Hacienda quisieron hacer sus propios cálculos, de manera que tuvieran certeza de que había consistencia en los números que ya habían evaluado anteriormente.
Legislador Daniel Ulate desmiente estimación de Acosta
Diputado Daniel Ulate
De acuerdo con un documento expuesto por Acosta durante la sesión, Hacienda estima que poner en funcionamiento el sistema de trazabilidad costaría ₡74 mil millones si se contrata a GS Uno y ₡16 mil millones si se hace con un sistema como el de Ecuador.
Asimismo, el 6 de agosto del presente año, Acosta brindó una entrevista a la periodista Amelia Rueda durante su programa Nuestra Voz, en donde dijo: “En el Ministerio recogemos 45 mil millones que ni siquiera entran en Hacienda porque van a otras entidades, entonces Hacienda va a tener que sacar $100 millones de donde no tiene para poder hacer el etiquetado, porque no estamos recaudando nada”.
No obstante, Ulate desmintió las cifras dadas por Acosta e indicó que en el Proyecto de Ley 20.961 no se habla de una empresa en específico y que los costos en otros países son totalmente diferentes a los que está brindando Hacienda. Puso el ejemplo de Ecuador y República Dominicana, donde el marcaje de cada botella es de $0,03 (¢17,4) y no ¢100 como Acosta aseguró.
El legislador recalcó la aclaración que hizo Alicia Avendaño, Directora de Tecnologías de la Información (TI) y Comunicación de Hacienda, quien asegura que Costa Rica sí puede implementar el sistema y que existen más de 30 empresas dedicadas a ofrecer sistemas de trazabilidad, con distintos tipos de tecnología a nivel internacional y con diferentes costos.
Ulate califica de “pobre” la participación de Acosta en Comisión de Asuntos Económicos
Diputados piden datos reales
El legislador frenteamplista José María Villalta, quien forma parte de la Comisión, manifestó sentirse decepcionado de la presentación del Viceministro y señaló que Acosta debe ser el único Viceministro de Hacienda en el mundo que está en contra de un mecanismo que ayuda a reducir la evasión fiscal.
Villalta hizo énfasis en que el mecanismo de trazabilidad que está en la Ley 20.961, ya está estipulado como una obligación del Estado para implementarse en tabaco porque ya Costa Rica ratificó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.
Asimismo, el diputado Daniel Ulate del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó la posición del Viceministro Acosta asegurando que utilizó números errados al presentarse ante la Comisión de Asuntos Económicos.
Diputado Daniel Ulate
Diputados Daniel Ulate, Karine Niño y José María Villalta
Pedro Muñoz, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) coincidió con Ulate y Villalta y aseguró que es necesaria la trazabilidad fiscal, iniciando con el minorista para afectar toda la cadena de contrabando. Además, aconsejó al Viceministro Acosta a tomar en cuenta los impuestos directos e indirectos.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, fue la última en dar su opinión: “Es la primera vez que veo a la Cámara de Industrias y al Ministerio de Hacienda deteniendo un proyecto de ley que quiere acabar con el contrabando. La política pública debe cumplirse y se deben buscar los recursos para ello. Me gustaría un presupuesto más holístico: no están tomando en cuenta lo que gasta la Caja Costarricense de Seguro Social en atender a los intoxicados, que es un problema derivado del contrabando”, acotó Vega.
Acosta dijo que desde el punto de vista práctico este proyecto obliga al Ministerio a hacerlo de inmediato y por eso no hay relación costo-beneficio de implementarlo. “Es una obligación y en ese sentido el llamado de Hacienda es cómo podemos poner las obligaciones a quién corresponde y cómo podemos hacer una evaluación certera de las consecuencias del proyecto de Ley”, concluyó el viceministro.
Por su parte Alicia Avendaño, Directora de Tecnologías de la Información aseguró que sí es viable que Hacienda instale un sistema de trazabilidad, contradiciendo lo que dijo el Viceministro.
Sanciones por brindar información falsa
Un funcionario público que comparezca ante una comisión legislativa, está obligado a brindar información verídica, ya que se encuentra bajo juramento, según explicó el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, especialista en Derecho Público.
De lo contrario, podría estar cometiendo delitos de Perjurio y Falso Testimonio. De acuerdo con Edgardo Araya, abogado y ex diputado, se aplica dependiendo del caso y no solo a funcionarios públicos, sino a cualquier particular.
El artículo 311 del Código Penal de Costa Rica, indica: “Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios”.
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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