La Defensoría de los Habitantes presentó a los poderes Ejecutivo y Legislativo un informe detallado que examina el impacto de la regla fiscal vigente en el país que, reveló preocupantes implicaciones para los derechos humanos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y en situación de pobreza.
El estudio destaca la intersección crítica entre la política fiscal y los derechos humanos y arroja luz sobre cómo la aplicación de la regla fiscal (Ley N°9635) está teniendo un impacto directo en la provisión de servicios esenciales para la población costarricense.
En la elaboración del informe se empleó una metodología multidisciplinaria que incluyó análisis documental, revisión de jurisprudencia, experiencias internacionales y entrevistas con expertos en economía y derechos humanos. La revisión de la jurisprudencia constitucional fue crucial, ya que ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia los derechos humanos en relación con las restricciones presupuestarias.
El informe revela que la aplicación de la regla fiscal ha generado rigideces presupuestarias, que ha impactado programas sociales cruciales como salud y educación. Esto ha restringido el acceso a servicios esenciales, especialmente para estudiantes y personas con discapacidad en situación de pobreza, limitando su acceso a la educación, vivienda, alimentación y atención médica.
Además, identifica que la aplicación de la regla fiscal ha ejercido una presión significativa sobre instituciones clave como:
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF),
- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, señaló:
Costa Rica enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos; por lo que es imperativo que las políticas de austeridad se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a las poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos.
12 aspectos críticos
Los aspectos críticos abarcan desde el diseño e implementación de la regla hasta la definición del agregado fiscal regulado y la transparencia de la regla, todos dirigidos a proteger los derechos humanos de la población costarricense. Se destaca la importancia de una revisión de la regla fiscal que no limite la efectividad de las políticas públicas destinadas a promover los derechos humanos de la población.
Este llamado busca una reformulación de la regla fiscal que equilibre la responsabilidad fiscal con la protección de los derechos humanos, en línea con los tratados internacionales y los compromisos del país en materia de derechos humanos.
El informe comienza explorando el contexto y los antecedentes, analizando cómo la política fiscal se vincula con los derechos humanos y examinando detalladamente la regla fiscal definida en la Ley N°9635, junto con las tipologías de reglas fiscales. Presenta hallazgos específicos sobre posibles violaciones de derechos humanos, destacando los efectos de la aplicación de la regla fiscal en instituciones cruciales que atienden poblaciones vulnerables para el año 2023.
Además, profundiza en los desafíos y oportunidades de la regla fiscal, y se ofrecen conclusiones y recomendaciones, respectivamente, para abordar los dilemas identificados.
El peligro se viene viendo con profesionales tan diversos como son los controladores aéreos, los expertos en ciberseguridad, educadores, y médicos especialistas, entre otros muchos profesionales necesarios para el correcto funcionamiento del Estado, que dejarían sus puestos por la rigidez de la regla fiscal así como está el día de hoy.
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