La Defensoría de los Habitantes hizo distintas denuncias, peticiones y exhortaciones durante mayo, sobre temas relacionados con servicios, derechos humanos y reactivación económica.
Dentro de las solicitudes que realizó, se encuentra la reducción del marchamo correspondiente al 2022. La institución reconoce que es importante darle mantenimiento a la red vial, pero alega que también debe prevalecer la solidaridad tras la difícil situación económica que enfrentan las familias a causa de la pandemia.
El organismo defensor sugirió a la Dirección General de Aduanas llevar a cabo un escaneo de todos los contenedores de piña orgánica que salen del país, especialmente porque solicitaron reabrir una investigación de denuncias interpuestas en 2018 y 2019 relacionadas a casos puntuales de producción, fiscalización, comercialización y exportación de la fruta desde San Carlos, que podría tratarse de producto convencional.
“Las nuevas actividades productivas que se desarrollan en Costa Rica de cara a la exportación de productos orgánicos, requieren de la mayor protección y tutela por parte del Estado y sus instituciones, para garantizar, al habitante y consumidor final, su producción en apego a las normas técnicas que protegen el ambiente”, manifestó la Defensora, Catalina Crespo.
Asimismo, realizó denuncias. Por ejemplo, expuso el desorden en fijación del precio de electricidad, que podría disfrazar aumentos solapados. Por esta razón, presentó ante la Junta Directiva de ARESEP un recurso de apelación para demostrar su inconformidad con la intendencia de energía de esa dependencia, pues se utilizó una audiencia tarifaria para introducir cambios en la metodología que define el precio de la electricidad.
Según la institución, “los cambios aprobados pueden tener consecuencias sobre el bienestar de diferentes grupos de usuarios, porque permiten establecer o modificar los subsidios cruzados entre usuarios, aspectos de política pública que son resorte exclusivo de la Junta Directiva de la Aresep”.
Otra de las denuncias se basa en la violación a los derechos de las personas con discapacidad, por lo que externó que el país debe acelerar el paso para erradicar este comportamiento. A pesar de que la Ley 7600 se promulgó hace un cuarto de siglo, el año pasado recibieron 289 denuncias por este motivo.
En cuanto a las exhortaciones, la Defensoría hizo un llamado a fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos, argumentando que en tiempo de pandemia estos entes son más necesarios que nunca para garantizar el balance en el ejercicio del poder público.
Las reformas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) también fueron abarcadas por la institución, que pidió hacerlas públicas antes de cualquier aprobación, “deben incluir un amplio proceso participativo de la sociedad costarricense y en sentido, consideramos necesario que las decisiones que se tomen sean luego una consulta nacional”, comentó Crespo.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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