El expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue absuelto este 29 de mayo por el delito de peculado en el caso que lleva 25 años en los tribunales conocido como "Reaseguros" por supuestos pagos indebidos vinculados con contratos de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Además del expresidente, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, absolvió por el delito de peculado al exjefe de Reaseguros del INS, Álvaro Antonio Acuña Prado; al exjefe de Reaseguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ronald Bonilla Rodríguez; y a los exfuncionarios del ICE Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.
Caso investigó supuestos pagos indebidos en contratos de reaseguros
La Fiscalía investigó el caso desde el año 2001 por supuestos pagos indebidos realizados por empresas reaseguradoras del Reino Unido que buscaban convertirse en proveedoras del Instituto Nacional de Seguros.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sostuvo durante el proceso que esos pagos correspondían a beneficios irregulares o comisiones relacionadas con contratos estatales.
El Ministerio Público solicitó 132 años de prisión contra Rodríguez por 11 presuntos delitos de peculado.
Tribunal concluyó que los fondos eran privados
La jueza Mercedes Muñoz explicó que el tribunal analizó toda la prueba incorporada al juicio antes de dictar la absolutoria.
La jueza indicó que los fondos entregados a los funcionarios acusados provenían de recursos privados de reaseguradoras y corredores internacionales.
El tribunal concluyó que esos recursos no podían considerarse fondos públicos.
El Código Penal establece que el delito de peculado ocurre cuando una persona funcionaria pública sustrae o desvía dinero o bienes públicos cuya administración o custodia le fue confiada por razón de su cargo.
La legislación costarricense castiga ese delito con penas de entre tres y doce años de prisión.
Expediente acumuló atrasos y anulaciones durante dos décadas
El expediente judicial acumuló múltiples atrasos, anulaciones, sobreseimientos e impugnaciones durante más de dos décadas.
La investigación se dividió inicialmente en dos causas distintas.
- La primera causa investigó un supuesto pago de 2,1 millones de dólares atribuido a la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y 2002.
- La segunda causa investigó presuntas comisiones y viajes financiados por las corredoras Guy Carpenter y Willis Re en el año 2001.
En 2013, un juzgado dictó un sobreseimiento a favor de los imputados.
El juzgado consideró ilegal el uso de pruebas bancarias provenientes de Panamá, Estados Unidos y Reino Unido.
Un tribunal anuló esa resolución en 2014 y ordenó reactivar el proceso judicial.
Sin embargo, el tribunal mantuvo la exclusión de esas pruebas bancarias.
Juicio enfrentó múltiples retrasos
El caso llegó a juicio después de varios intentos fallidos:
- En 2015, un tribunal ordenó elevar el expediente a debate.
- En 2016, otra resolución anuló esa decisión tras una recusación presentada por la defensa.
- En 2017, las autoridades judiciales volvieron a ordenar la realización del juicio.
- En junio de 2018, el Tribunal Penal de Hacienda confirmó esa decisión.
- El debate se programó inicialmente para el año 2021.
- Las autoridades suspendieron el juicio debido a las restricciones sanitarias por COVID-19 y por la necesidad de traducir 4.809 folios escritos en inglés.
- En 2022, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por Rodríguez.
- La Sala Constitucional condenó al Estado y ordenó al Poder Judicial tramitar el proceso de manera expedita.
Fiscalía anunció que apelará la absolución
El Ministerio Público anunció que esperará la sentencia completa antes de presentar recursos contra el fallo absolutorio. La Fiscalía informó que analizará los fundamentos jurídicos utilizados por el tribunal.
El Ministerio Público recordó que, al inicio del debate, la Fiscalía presentó una recusación contra una de las juezas del tribunal. La Fiscalía argumentó que la jueza debía inhibirse porque anteriormente había emitido una resolución de sobreseimiento dentro del mismo expediente. El tribunal rechazó esa gestión y mantuvo a la jueza dentro del proceso.
Fiscalía cuestiona conclusiones del fallo
El Ministerio Público afirmó que identificó afirmaciones dentro de la resolución que, a su criterio, no coinciden con los hechos demostrados durante el juicio.
La Fiscalía indicó que desarrollará esos cuestionamientos cuando conozca el texto completo de la sentencia.
El Ministerio Público también señaló que autoridades judiciales del Reino Unido valoraron parte de la prueba utilizada en el proceso costarricense.
Según la Fiscalía, las autoridades británicas emitieron una sentencia condenatoria relacionada con estos hechos y contra varios de los funcionarios investigados.
El Ministerio Público aseguró que el principal acusado en Reino Unido admitió haber realizado pagos a funcionarios públicos costarricenses utilizando recursos provenientes de fondos administrados por el INS.
La Fiscalía también mencionó sanciones impuestas en Estados Unidos contra empresas que realizaron pagos y financiaron viajes para personas investigadas en Costa Rica por hechos relacionados con este caso.
El Ministerio Público indicó que estudiará en detalle la fundamentación de la sentencia antes de definir las acciones procesales correspondientes.
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