
Un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre la situación de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en los gobiernos locales, determinó que en Costa Rica un 90% de las municipalidades ejecutan al menos una acción vinculada al acceso, disponibilidad o consumo de alimentos sanos.
El estudio también señaló los desafíos que aún existen para implementar acciones de seguridad alimentaria, como el desconocimiento que hay sobre el tema y la necesidad de sensibilizar a las personas con liderazgo político para fortalecer la SAN.
Para hacerle frente a estos retos, la diputada del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, Montserrat Ruiz, aseguró que a través de las políticas y regulaciones efectivas, la Asamblea Legislativa se compromete a crear un entorno digno para el desarrollo sostenible de la agricultura y una garantía de que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada.
“Como legisladoras y legisladores, tenemos la responsabilidad de desempeñar un papel fundamental de apoyo en el fortalecimiento de nuestros sistemas agroalimentarios”, dijo Ruiz.
Municipios tienen un papel fundamental en temas de nutrición
En la agenda alimentaria urbana de la FAO, las municipalidades tienen un rol fundamental en las conexiones e interconexiones de los sistemas alimentarios, es por eso que realizó el foro “Legislando en seguridad alimentaria y nutricional: impulso al desarrollo de los territorios”.
Durante la actividad, la diputada Shoraya Suárez, de República Dominicana, compartió el desarrollo de la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se originó a raíz de la problemática de seguridad alimentaria y malnutrición en ese país.
“Este sistema contribuye al desarrollo y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en los municipios, al promocionar un marco legal y una estructura organizativa que permite una mejor coordinación de los esfuerzos a nivel local”, contó Suárez.
Para hacer crecer la iniciativa, la diputada mencionó que fue esencial la coordinación entre instituciones con mecanismos de seguimiento y de evaluación que permitan medir su proceso.
En el 2022, la Municipalidad de Oreamuno con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el respaldo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), presentaron una estrategia para proteger y conservar a las abejas como polinizadores.
La propuesta incluía recuperar espacios verdes para aumentar las poblaciones de abejas, la capacitación de agricultores, la construcción de jardines de abejas, entre otras acciones, para mitigar los efectos del cambio climático y generar seguridad alimentaria.
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