Con el Programa Cero Ocio, el Gobierno despliega cuadrillas de privados de libertad en tareas de limpieza y mantenimiento de infraestructura pública.
Cuadrillas de privados de libertad en llamativos uniformes limpian espacios públicos con el Programa Cero Ocio el cual les brinda la oportunidad de un trabajo para el mantenimiento del paisajismo del país, así como para la construcción de muebles que requieren las mismas cárceles.
Programa Cero Ocio
Costa Rica alberga a casi 20.000 privados de libertad en cárceles, con un costo promedio de US$1.000 mensuales cada uno. Lo cual carga al Estado más de US$20 millones al mes en mantenimiento de personas encarceladas.
El pasado 15 de junio, la presidente Laura Fernández anunció seis proyectos de ley en materia de seguridad, que se suman a la construcción de una megacárcel, llamado Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), que ya está en obras para atender una sobrepoblación del 46,4%.
El Programa Cero Ocio tiene dos frentes: cuadrillas de privados de libertad dando mantenimiento a áreas públicas, en coordinación con diversas instituciones estatales y gobiernos locales; y el proyecto de Ley “Cero Ocio en las Cárceles” (Expediente 25617), que busca la formación y la productividad de las personas privadas de libertad, previa autorización del Instituto Nacional de Criminología, luego de estudios sobre sus caracteres psicológicas, psiquiátricas y sociales, puedan participar en la actividad ocupacional penitenciaria.
Quedan exceptuadas las personas ubicadas en espacios de alta contención, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con enfermedades terminales debidamente acreditadas mediante dictamen de la Caja Costarricense de Seguro Social, ratificado por la Comisión Médica del Instituto Nacional de Criminología.
El Expediente 25617, advierte que el ocio constituye uno de los principales factores que alimentan la crisis penitenciaria, por lo que propone garantizar un entorno de ocupación útil, con seguridad ocupacional, bajo un esquema de retribución equitativa tutelada. El Ministerio de Justicia y Paz será el intermediario -firmará convenios con empresas y les facturará por la mano de obra de los reclusos y el uso de las instalaciones- para crear un modelo de autosuficiencia financiera.
El “subsidio formativo” sirve para pagar la manutención del recluso dentro del sistema (35%); para un fondo de reparación económica dirigido a las víctimas de los delitos de esos reclusos (35%); para el apoyo económico de las familias de los internos (20%); y como un ahorro que se le entrega al recluso cuando sale de la cárcel (10%).
El expediente justifica que:
La población penitenciaria no es sometida a trabajos forzosos, sino que queda sujeta a un régimen de aprendizaje práctico riguroso y disciplina ocupacional en entornos reales de producción, adquiriendo de forma obligatoria las competencias técnicas que el mercado exige para su reinserción definitiva”.
El artículo 5 del expediente establece que las decisiones sobre ubicación de personas privadas de libertad, apertura de centros productivos, y cambios de regímenes de confianza serán órdenes administrativas de cumplimiento inmediato dictadas por el Ministerio de Justicia.
De esta forma, la toma de decisiones se trasladan al Poder Ejecutivo, restando capacidad de intervención previa a los jueces de ejecución penal, que históricamente son los garantes de los derechos de los privados de libertad y supervisan sus condiciones de reclusión.
Ya se tiene experiencia
El uso de mano de obra penitenciaria en labores externas se ha dado -a baja escala- con la fabricación de pupitres para el Ministerio de Educación Pública; talleres de manualidades, costura, cocina y talabarterías, empaque de bolsas; construcción de calles de acceso a la cárcel de Liberia, entre otros. Sin embargo, de aprobarse el Expediente N.°25617 se busca escalar la oportunidad de trabajo a alrededor de 17.000 reclusos con el fin de que aprendan una labor, trabajen en ella, se mantengan y se logre la autonomía financiera.
Se espera que el Expediente N.°25617 sea dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para pasar al plenario.
Se está trabajando dentro y fuera de las cárceles
Actualmente, hay cuadrillas de 20 personas provenientes de la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos interviniendo puntos estratégicos en las autopistas Florencio del Castillo, Circunvalación Norte y Bernardo Soto.
Se están fabricando camas y uniformes, entre otros productos; se está trabajando en cocina y se hacen labores de mantenimiento y aseo.
Además se están interviniendo centros educativos que están en vacaciones de julio, así como limpiando playas en Guanacaste, Limón y Puntarenas, en coordinación con el MINAE.
Por instrucción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, con el objetivo de que los privados de libertad contribuyan activamente con trabajo, disciplina y servicio a la comunidad. Así lo expresó el jerarca en conferencia de prensa en Casa Presidencial:
El Plan Cero Ocio se encuentra en marcha, con resultados y en aumento. ¿Qué es lo que queremos? Cubrir todo el territorio nacional. Ya estos no son papelitos escritos bonitos, no son documentos que se socializan y se les hacen mesas de trabajo y de diálogo; no. Ya estamos en ejecución, en plena coordinación con las otras entidades y los otros jerarcas.
Por su parte, el presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), José Miguel Jiménez, indicó:
Las municipalidades de Costa Rica han dicho sí al plan Cero Ocio. Muchas ya están listas para sumarse con materiales y logística, porque esta alianza nos permitirá recuperar y embellecer espacios públicos que, en muchos casos, no podían intervenirse por limitaciones presupuestarias.
Sin embargo, no cualquier interno puede formar parte de estas cuadrillas o talleres de trabajo. Para que un privado de libertad pueda integrarse a las labores de limpieza y mantenimiento en vías públicas, debe cumplir con una serie de condiciones legales, disciplinarias y de salud, tales como:
- Historial disciplinario impecable.
- Próximo a cumplir la mitad de su pena o haber superado este umbral.
- Sin consumo activo de sustancias psicoactivas y contar con buena salud.
- Con visto bueno de Trabajo Social, Psicología y Orientación.
- Interesado en procesos educativos y ocupacional.
Uniformes del CACCO
Diseñados bajo estándares internacionales de seguridad, el Ministerio de Justicia y Paz informó que los aproximadamente 2.200 privados de libertad del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) utilizarán uniformes color naranja:
Su diseño de seguridad es completamente liso, sin elástico, sin cintas, sin bolsas y con costuras de seguridad. Su confección responde a criterios de seguridad penitenciaria y busca impedir el ocultamiento de armas, drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.
Las mujeres del Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, harán estos uniformes gracias a una alianza entre el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa privada
La materia prima será aportada por empresas privadas mediante programas de responsabilidad social, mientras que el INA brindará el acompañamiento técnico para el proceso de confección.
Las encargadas de elaborar los uniformes serán privadas de libertad que laboran en el taller textil del CAI Vilma Curling Rivera, donde actualmente operan 26 máquinas de coser con capacidad para producir hasta 12.000 prendas mensuales.
En una primera etapa se confeccionarán alrededor de 5.000 prendas, suficientes para dotar con al menos dos uniformes a cada uno de los más de 2.000 privados de libertad que actualmente forman parte de los circuitos de alta contención del sistema penitenciario nacional.
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Gabriela Zamora
Comunicadora con más de 20 años de experiencia en medios y consultoría. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, Universidad de Costa Rica.
