Después de más de un año de denuncias, recursos judiciales e investigaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario Mar Azul, en Nosara, el Poder Judicial emitió una resolución que marca un nuevo capítulo en el caso.
El Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de Guanacaste ordenó a la administración del condominio cumplir "sin que medie excusa alguna" la medida cautelar que suspendió los acuerdos aprobados por la Asamblea de Copropietarios del 25 de febrero de 2025 y recordó que la apelación presentada no autoriza a dejar de cumplir esa orden judicial. Incluso advirtió que un eventual incumplimiento podría ser considerado delito por desobediencia a la autoridad.
La resolución cobra especial relevancia porque esos acuerdos cambiaron la forma de calcular las cuotas condominales. Según las familias demandantes, ese nuevo sistema generó excepciones de pago a favor del desarrollador, que a su vez resultó en un incremento exponencial de la cuota a cargo de los demás propietarios precisamente para subsidiar al desarrollador.
La situación se agrava por los cobros irregulares de servicios de agua y electricidad, pese a que el origen y las condiciones de prestación de esos servicios continúan siendo objeto de denuncias y gestiones ante instituciones públicas como el ICE, AyA, ARESEP, la Asada y la Municipalidad de Nicoya.
Para el abogado Alonso López Jiménez, especialista en Derecho Público y representante de las familias, el alcance de la resolución es muy importante para la ciudadanía:
El mensaje del Juzgado es sencillo: mientras una resolución esté vigente, debe cumplirse. Eso protege a cualquier ciudadano y fortalece la seguridad jurídica del país."
En paralelo al proceso judicial contra este condominio continúan abiertas denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en materia de construcción, abastecimiento de agua, suministro eléctrico, regulación de servicios públicos y actuaciones administrativas. Algunas de ellas permanecen en conocimiento de la Municipalidad de Nicoya, el AyA, el ICE, la Asada, SINAC, ARESEP y otras autoridades competentes.
Por esa razón, las familias insisten en que esta resolución no cierra el caso. Los reclamos principales continuarán su trámite y todavía quedan por resolverse diversos recursos y procedimientos administrativos que buscan esclarecer lo ocurrido dentro del proyecto.
Según López:
Esta resolución es importante, pero no es el final. Aún falta que las instituciones determinen qué ocurrió con los permisos, con los servicios públicos y con las demás denuncias que siguen en investigación. Eso también forma parte de la transparencia y del acceso a la justicia".
Las familias denunciantes consideran que el caso Mar Azul es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad costarricense, al poner a prueba la actuación coordinada de las autoridades judiciales, municipales y reguladoras frente a denuncias que continúan bajo análisis.
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