
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) alerta ante la creciente intimidación, amenazas, acoso y vulneración de derechos contra las personas defensoras del ambiente en Costa Rica.
Jorge Serendero, vocero del PCA, señaló:
Difundimos un manifiesto condenando la intimidación contra los defensores del ambiente en Costa Rica, respaldado por 38 organizaciones. Este documento alerta sobre el deterioro de la DEMOCRACIA y en particular de la democracia ambiental y el debilitamiento sistemático de la institucionalidad encargada de proteger el patrimonio natural de los costarricenses.
¿Qué denuncia el manifiesto?
- La regresión ambiental sin precedentes, evidenciada por recortes presupuestarios, debilitamiento técnico del MINAE y del SINAC, y la concentración de poder discrecional que desplaza los criterios científicos y debilita la participación ciudadana.
- El uso creciente de procesos judiciales abusivosque buscan intimidar y agotar a quienes denuncian violaciones ambientales, configurando nuevas formas de censura y amenazas a la libertad de expresión.
- Actos de violencia simbólica, como la reciente valla en Puntarenas declarando “non gratos” a dos ambientalistas, reflejo de un clima de intolerancia promovido por ciertos sectores que buscan deslegitimar la defensa ambiental.
Por esta razón, el PCA:
- Reafirma queno puede existir democracia sin democracia ambiental.
- Exige medidas inmediatas para proteger a las personas defensoras, en cumplimiento delAcuerdo de Escazú y las obligaciones internacionales del Estado costarricense.
- Reitera su respaldo al proyecto de ley expediente 25.125, necesario para impedir que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de intimidación.
- Convoca a todos los sectores de la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia simbólica, judicial o política contra quienes protegen los bienes comunes.
El PCA y sus organizaciones firmantes sostienen que defender el ambiente no es delito, sino un deber ético y patriótico, con visión de un futuro digno para las nuevas generaciones. Costa Rica debe decidir si continúa siendo referente mundial de democracia verde o si permite que la censura, la intimidación y el miedo erosionen su legado.
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