El Manifiesto sobre la crisis ecológica en el Caribe derivada de fumigaciones agrícolas, fue aprobado por unanimidad por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 39 organizaciones, ante la reciente mortandad masiva de peces, cocodrilos y aves registrada en Barra de Pacuare, Laguna Madre de Dios y áreas aledañas.
Las denuncias de pescadores, comunidades locales y guardianes territoriales indican que el arrastre de agroquímicos provenientes de actividades agrícolas industriales estaría detrás del evento, generando impactos ambientales, económicos y riesgos directos para la salud humana.
El PCA advierte y demanda acción inmediata
El Parlamento Cívico Ambiental señala que esta crisis refleja un problema nacional estructural vinculado al uso indiscriminado de agroquímicos, la falta de controles efectivos y la ausencia de respuestas estatales oportunas.
Ante ello, insta a las autoridades a actuar con urgencia, abriendo investigaciones independientes, aplicando medidas preventivas y revisando el marco legal vigente para evitar la repetición de hechos similares.
Manifiesto sobre la crisis ecológica en el Caribe por fumigaciones agrícolas
El PCA pone a disposición de la opinión pública, instituciones estatales y organizaciones sociales el Manifiesto aprobado, invitando a otros actores nacionales a sumarse a este llamado en defensa de los ecosistemas, las comunidades costeras y la salud del país:
El Parlamento Cívico Ambiental, en representación de las 39 organizaciones que componemos este foro, nos unimos a las comunidades, científicos, pescadores artesanales, guardianes territoriales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los ecosistemas de Costa Rica, en declarar nuestra profunda alarma y condena ante la reciente mortandad masiva de peces, aves y cocodrilos registrada en Barra de Pacuare, Laguna Madre de Dios y zonas aledañas de la costa Caribe.
Este episodio, denunciado públicamente por comunidades locales y registrado en fotografías y testimonios directos, no constituye un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un patrón histórico de contaminación asociado al uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y agroquímicos altamente tóxicos provenientes de plantaciones bananeras y piñeras cuyos sistemas de drenaje colapsan o rebalsan con las lluvias.
Denunciamos
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La existencia de un modelo agrícola industrial en el Caribe costarricense en este caso, pero presente en otros lugares del país también, que, desde hace décadas, envenena ríos, lagunas, humedales y mares, vulnerando derechos humanos, comunitarios y ambientales fundamentales.
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La falta sistemática de controles efectivos por parte del Estado, permitiendo que corporaciones agrícolas operen bajo esquemas que priorizan su rentabilidad sobre la salud pública y la integridad ecológica.
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El silencio institucional y la negligencia que, pese a reportes recurrentes, ha normalizado la muerte de fauna silvestre, la afectación a trabajadores y la contaminación de acuíferos y zonas de reproducción de peces.
Esta tragedia ocurre precisamente durante periodos de desove, intensificando el riesgo de colapso pesquero para comunidades que dependen del mar, de los humedales para su sustento y el alto riesgo de envenenamiento de comunidades aledañas y vida silvestre, por el consumo de peces contaminados.
Razón por la que exigimos:
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Una investigación inmediata, independiente y con participación ciudadana liderada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que determine las causas exactas, la cadena de responsabilidades y las consecuencias ecológicas y socioeconómicas del evento.
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La suspensión temporal de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas donde existan riesgos de escorrentía hacia cuerpos de agua, mientras avanza la investigación.
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La aplicación estricta del principio precautorio, incorporando monitoreo permanente de calidad de agua en ríos, canales y lagunas.
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Sanciones ejemplares a las personas o empresas responsables del vertido o manejo inadecuado de químicos por parte de las instancias gubernamentales y judiciales que deben cumplir con su deber de hacerlo.
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La acción y seguimiento urgente por parte de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que regulen estas actividades y castiguen con mayor severidad acciones como éstas.
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La formulación de un Plan Nacional de Transición Agroecológica que erradique gradualmente los insumos que hoy ponen en riesgo la vida silvestre y humana.
Y reafirmamos que:
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la salud de los ecosistemas es inseparable de la salud del país.
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Costa Rica no puede seguir sosteniendo una reputación ambientalista mientras tolera prácticas agrícolas que destruyen su biodiversidad y envenenan a su gente.
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la protección de la vida marina, de los humedales y de las especies emblemáticas del Caribe no es opcional: es un deber moral, constitucional (conforme lo establece nuestro Artículo 50 de la Constitución Política) y generacional.
Proclamamos
Este manifiesto se eleva en nombre de la vida silvestre asesinada de las comunidades que han soportado décadas de toxicidad impuesta, de los pescadores que hoy ven morir los ciclos que sostienen su economía y cultura, y de todos los costarricenses que exigen un país coherente, justo y verdaderamente comprometido con la protección ambiental.
El Parlamento Cívico Ambiental pone este documento a disposición de las organizaciones, asociaciones pesqueras y colectivos territoriales para su validación, adhesión y fortalecimiento.
Porque sin agua limpia, no hay vida, porque sin vida silvestre, no hay futuro y porque sin justicia ambiental, no hay una Costa Rica como la que anhelamos
6 de diciembre de 2025 | Parlamento Cívico Ambiental:
Bernardo Aguilar González. Presidencia
Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia
Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría
Patricia Corrales López. Segunda Secretaría a.i.
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