
La Defensoría de los Habitantes aseguró que Costa Rica requiere avanzar a través de un marco legal, en la promoción y acceso a una alimentación suficiente, sana y nutritiva, como una medida que garantice ese derecho humano.
Para la institución, es necesario implementar una serie de cambios en el proyecto de ley 22.110, que busca regular una efectiva seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
El proyecto 22.110 representa un avance importante en el diseño de un esquema institucional según la Defensoría, sin embargo, considera que es necesaria la incorporación de elementos desde la visión de derechos humanos, que mejoren y enriquezcan el plan.
Por ejemplo, aseguran que es importante agregar las definiciones de alimento saludable y alimento inocuo, que anteriormente había sugerido la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Así como también consideran oportuno que las personas sean tomadas en cuenta para la planificación de las decisiones que les afectan en este ámbito.
Otro aspecto recomendado por la Defensoría, es agregar las obligaciones al Estado y que las instituciones encargadas asuman el rol de supervisar y sancionar cualquier incumplimiento.
Proyecto pretende garantizar el Derecho Humano a la Alimentación
El proyecto 22.110 impulsado por la liberacionista Paola Valladares, pretende establecer un marco normativo para estructurar acciones de la institucionalidad pública, para garantizar el Derecho Humano a la Alimentación.
“Se busca que una serie de instituciones públicas establezcan programas que garanticen condiciones alimentarias y nutricionales óptimas y sostenibles en centros de educación, salud, comunitarios, de cuido, albergues, centros penitenciarios, entre otros”, explicó Valladares.
El texto del expediente indica que el Estado deberá informar, supervisar, fiscalizar y evaluar la realización de este derecho, y a la vez, facilitar los mecanismos para su cumplimiento.
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País debe mejorar resiliencia en la cadena de suministros alimentarios
De acuerdo con la nutricionista, Karol Madriz, la pandemia del Covid-19 significa grandes desafíos para la salud pública y la seguridad alimentaria y nutricional.
“El Covid-19 tiene repercusiones en todos los ámbitos de la SAN: disponibilidad, acceso, consumo, utilización biológica, inocuidad y estabilidad. Esto debido a sus consecuencias directamente en el sistema alimentario, mediante impacto en la oferta y demanda de alimentos, e indirectamente a través de la disminución del poder adquisitivo, la capacidad de producir y la de distribuir alimentos”, detalló la Dra. Madriz.
Para la experta, el país debe mejorar resiliencia en la cadena de suministros alimentarios. Asimismo, los gobiernos deberían alentar a las comunidades locales y a los ciudadanos a aumentar la producción local de alimentos.
También aseguró que el Gobierno debe crear relaciones oportunas para que los productos de exportación de alta calidad como el banano, el melón y la sandía, no se desperdicien y se puedan comprar y distribuir a los más necesitados.
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