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¿Necesita Costa Rica una nueva Constitución?

Por: Johnny Schmidt

No cabe duda que Costa Rica vive un capítulo muy negro dentro de su historia. Los hechos ocurridos en Zapote el 12 de octubre, no los habíamos visto nunca los menores de 70 años, y quizá recordarán algo parecido nuestro adultos mayores de 75 años, con los hechos del 48.

Paralelo a estos lamentables hechos de violencia, originados posiblemente por la misma fuerza pública al infiltrar su gente para agitar a los manifestantes –según consta en imágenes y videos-, se viene escuchando a mucha gente hablar de la necesidad de una nueva Constitución Política, creyendo que esa sería la solución a todo.

Dos formas para convocar a una Asamblea Constituyente

Hay dos formas o circunstancias en que se puede convocar a una Asamblea Constituyente. La primera de ellas está precisamente regida en la misma constitución en el artículo 196 que dice: “La reforma general de esta Constitución, sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria, deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, y no requiere sanción del Poder Ejecutivo.”

Ahora bien, si ese fuese el caso de la Constituyente, mientras dure la Asamblea Constituyente deliberando, redactando y aprobando una nueva constitución, la actual mantendría su vigencia y sería derogada únicamente al aprobarse la que la sustituye.

El talón de Aquiles para aquellos que aparentemente hoy se organizan eligiendo representantes –diputados- para representarlos en esa Asamblea Constituyente, está en el Artículo 4 de la actual y vigente constitución que dice: “Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición.”

Desde hace unos 15 años, he venido escuchando a mucha gente, políticos y distintos actores civiles, hablar del tema, incluso hasta llegué a leer un texto de una nueva Carta Magna propuesta por un grupo. Aunque personalmente he defendido la tesis de que nuestra constitución necesita reformarse en muchos temas y paralela a ella deberíamos ver el nacimiento de la Tercera República, la experiencia es que las decisiones trascendentales nunca deben tomarse en picos altos o bajos, sino que deben hacerse en circunstancias de estabilidad emocional, en este caso, de absoluta calma, paz y sobre todo estabilidad y credibilidad jurídica, y esas condiciones no están dadas.

La segunda forma para darse una Asamblea Constituyente, sería posterior a un golpe de Estado, donde se disuelva la Asamblea Legislativa, y entonces no podría cumplirse el artículo 196 y dicha convocatoria sí podría darse desde el pueblo incluyendo a verdaderos representantes del sentir del costarricense. Entendiendo la necesidad imperiosa de que en esa Asamblea deberían estar los mejores costarricenses. Estos deberían además aprobar algún tipo de requisito y examen que garantice que el producto final sea una Constitución mejor a la que estaríamos derogando, y no un mamarracho jurídico donde sea peor el remedio que la enfermedad.

Es claro que esta segunda circunstancia tampoco se ha dado. En este momento, por más violencia que veamos en la calle y descomposición en lo político y lo social, la Asamblea Legislativa sigue funcionando.

Quiénes quieren una nueva Constitución

Ahora bien, y quizá más importante aún, es reflexionar sobre todas las interrogantes que sobre el tema surgen:
¿Quiénes son los que están detrás del movimiento por una nueva Constitución?
¿Qué interés real tienen en la nueva Constitución?
¿Es para darnos más derechos o más bien para suprimirnos derechos?
¿En lo político, qué cambios se pretenden realizar con esto?
¿Le da más fuerza a un gobierno, a las policías y a quienes gobierna, o se busca lo contrario?

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Se podrían continuar planteando cientos de interrogantes que tendrían que estar completamente resueltos, claros y ser del conocimiento público. Una nueva Constitución podría ser el origen de un mejor país pensando a futuro. Pero por el contrario, podría ser soga para nuestro propio pescuezo y podríamos por simple capricho o ignorancia, estar firmando una sentencia a nuestro derechos, que a pesar de todo, nos ha garantizado un cierto bienestar y el respeto a los derechos humanos de los que gozamos hasta ahora.

Conocer la historia de los vecinos

Es importante en ésta coyuntura ver lo que ha pasado en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio de 2017, mediante un método de convocatoria y unas muy cuestionadas elecciones. El 4 de agosto de ese año, este órgano se instaló en el Palacio Federal Legislativo, compartiendo un espacio con la Asamblea Nacional.  Su objetivo: Reformar la Constitución de 1999.

Desde su instalación, la ANC controlada por el segundo abordo del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se ha denominado a sí misma como un poder supraconstitucional. Esto no se menciona la Constitución actual, y bajo esta premisa han socavado las funciones de otros poderes, en particular del poder Legislativo a manos de la oposición.  Como poder supraconstitucional ha dictado al menos 12 leyes y 60 decretos ‘constitucionales’, sin que ninguno de ellos esté orientado a la redacción de una nueva Constitución o la reforma del texto vigente.

Desde el 2018, los voceros de la constituyente han mantenido silencio sobre la redacción del proyecto constitucional, que hasta ese año se supone tenía un avance del 90%, y se desconoce la letra menuda, pero se habla de que esa nueva Carta Magna venezolana estaría compuesta por 350 artículos y 18 cláusulas transitorias que, entre otras cosas, suprimirían el sufragio universal para crear un sistema de votación al estilo cubano. En Cuba, las organizaciones controladas por el Gobierno eligen a los funcionarios locales, y estos a su vez eligen a los legisladores, que son los que escogen a los líderes del país.

Otra modificación que se establecerá en la nueva Constitución sería la redefinición de “traición a la patria”. La finalidad de esto es dotar al Estado de más instrumentos “legales” para poder reprimir a la población por delitos contra el régimen. En este momento, las células que están conformando con las milicias son de cerca de 13.000 alrededor del país, con 40 militantes por célula. Esas son las que en cualquier momento que salga una protesta van y la reprimen. Igualito que los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba.

La actual Constitución venezolana de 1999 que se dio con la llegada de Chaves al poder, es bastante buena y encantó a propios y extraños. Fue un documento para engatusar. El propio Chaves hizo dos intentos para cambiarla sin éxito porque el pueblo no lo permitió, algo que pareciera sí está logrando Maduro.

De los cambios más importantes que se esperan, podemos enumerar la limitación al derecho a la propiedad privada,  la libertad económica y las ganancias, y la libertad de opinión.

La penalización (conversión en delito y prohibición) de las manifestaciones y actos de protesta en sitios públicos.  El carácter constitucional del “delito de terrorismo”, sin que se defina claramente el término “terrorismo”, con lo cual los límites de interpretación quedan a discreción del gobierno. Se sientan así, las bases para la legitimación de la represión en todas sus formas.  La eliminación de los sindicatos obreros, los gremios profesionales y las ONG, así como los Contratos Colectivos que se hayan firmado. Además de la eliminación de las instituciones de educación privada en todos los niveles educativos y la autonomía de las universidades públicas. Asimismo, la consagración constitucional de una doctrina “anti-imperialista” como guía de acción para las Fuerzas Armadas.

Se trata, sin duda, de un nuevo marco ideológico, al cual han contribuido de manera importante, los denominados “asesores políticos aliados” entre los que se encuentran, además del gobierno de Cuba, funcionarios del partido Podemos de España, varios de los cuales han trabajado para el gobierno desde el 2006 hasta la fecha.

Por alguna extraña razón, en Costa Rica hoy sufrimos algunas acciones parecidas a lo que vivieron los hermanos venezolanos a inicio de siglo cuando comenzaron a ver ciertas cosas y siempre pensaron que nunca podrían convertirse en una Cuba. Hoy muchos de ellos lo aseguran desde el exilio.

Para concluir, repito la pregunta: ¿Necesita Costa Rica una nueva Constitución?

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