El Plenario Legislativo aprobó este lunes aplicar un impuesto del 20% sobre la venta y la importación de vapeadores, sus accesorios y otros bienes complementarios como el líquido para su uso, si es de producción nacional.
A través del proyecto de ley para regular los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y los Sistemas Similares sin de Nicotina (SSSN), también se prohibirá el uso de estos dispositivos en lugares donde no está permitido fumar, como: centros de trabajo, escuelas, centros comerciales, restaurantes y hospitales.
La iniciativa fue liderada por la diputada oficialista Catalina Montero y el liberacionista Luis Antonio Aiza, quienes celebraron la aprobación de la propuesta principalmente porque, según afirmaron, estos aparatos se han convertido en un mecanismo de iniciación para el consumo de nicotina.
“Son dispositivos llamativos para los jóvenes y se ofrecen como una alternativa saludable al tabaco; sin embargo, múltiples investigaciones han determinado sus impactos negativos en la salud de las personas y entidades como el Ministerio de Salud y la CCSS han hecho un llamado para regularlos de manera efectiva”, expresó Montero.
El legislador Aiza recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado para que los gobiernos adopten leyes que eviten la transformación de estos aparatos en una puerta con la que jóvenes pueden iniciar a consumir tabaco.
Para la Red Nacional Antitabaco (RENATA), este proyecto refuerza las políticas de control de tabaco que buscan proteger la salud pública y brindar calidad de vida a los costarricenses, especialmente a niños y jóvenes.
De acuerdo con Nydia Amador, presidenta de la organización, es un proyecto que complementa la Ley de Control de Tabaco. “Es importante tomar en consideración la vulnerabilidad de los consumidores de todos los productos de tabaco, incluyendo los vaporizadores. Los primeros estudios sobre los efectos su uso y de productos de tabaco calentado muestran efectos perjudiciales en los pulmones, así como en los sistemas inmunológico y cardiovascular”, aseveró.
Destino del impuesto
Amador indicó que si bien la OMS recomienda que los productos de tabaco tengan un impuesto del 70% como mínimo, “el rubro aprobado es un primer paso en la dirección correcta”.
Los recursos que ingresen a través de este impuesto serán destinados al seguro social, que anualmente destina ¢300.000 millones a la atención médica de fumadores. Además, el tabaquismo genera un costo de ¢75.000 millones en cuidado informal y ¢58.000 millones en productividad laboral perdida.
Con respecto al dinero recaudado a través del impuesto al tabaco, en el último año Costa Rica percibió ¢27.185 millones por este concepto.
ACTUALIZACIÓN 12/09/2023: LEY 10066
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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