Ante la asistencia obligatoria a la que fueron llamados los funcionarios del Ministerio de Hacienda al curso “Caminando hacia la igualdad por un servicio seguro e inclusivo para la población LGTBI”, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) defiende que este tipo de actividades deben ser de libre elección y no obligatorias.
Para conocer el sustento legal que utilizan para obligar a los funcionarios de la Administración Tributaria a participar del curso, el Secretario General del sindicato, Miguel Ureña, envió una carta al jerarca de la cartera, Elián Villegas, con la solicitud de esa información.
“Lo pedimos porque consideramos que es una lesión al respeto a las libertades individuales y porque se nos informó que, en apariencia, se está obligando a los funcionarios a asistir en contra de su voluntad”, contó Ureña.
Curso no cumple con los artículos en que se sustenta el Ministerio para justificar la obligación
En respuesta, la directora Administrativa y Financiera, Hellen Morales, indicó que dicha acción obedece a los artículos 5 de la Ley Capacitación Personal Administración Pública y 150 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil. También hizo referencia al numeral 106 inciso m del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda, que indica que los funcionarios tienen derecho y obligación de participar en los cursos orientados a mejorar las destrezas, ampliar conocimientos, todo orientado para el buen ejercicio de las funciones que desempeña.
A raíz de esa justificación, SITRAHSAN señaló en una carta dirigida en respuesta a la directora Administrativa y Financiera que “el curso no cumple con las condiciones de ninguno de los tres artículos en los que Morales pretende justificar la obligación impuesta a todos los funcionarios, que, por su naturaleza y orientación, deber ser de libre elección”.
“Como representación sindical siempre hemos exigido que las autoridades hacendarias otorguen las herramientas y capacitación necesaria a los funcionarios para el buen desempeño de las funciones. Pero no podemos admitir que, bajo ese alero legal, se pretenda incluir cualquier tipo de curso que no tiene relación directa con las funciones y que responden más a una agenda política del Gobierno de turno”, manifestó Ureña.
Agregó que en otros cursos se invita a los funcionarios que quieran participar, pero que en este caso, se hizo obligatorio llevarlo.
“Esto refleja más que un deseo de mejora, una imposición e intención de adoctrinar sobre un tema en particular, que no tiene injerencia alguna en relación directa al tema que nos ocupa, el interés de Hacienda Pública y el enriquecimiento de técnicas para desarrollar con eficiencia nuestras labores diarias”, comentó el sindicalista en la respuesta dirigida a Morales.
También hizo hincapié en que no se oponen a que el Ministerio brinde ese tipo de capacitaciones, sino que no es legal que se aprovechen para obligar a todos los funcionarios a participar de un curso que no tiene relación directa con las funciones que desempeña.
Presidencia pretendía utilizar ¢3.786 millones en capacitaciones para promover derechos LGTBI
En setiembre del año pasado, cuando se presentó el presupuesto de la Presidencia de la República a la Comisión de Asuntos Hacendarios, se pedía la autorización para destinar ¢3.786 millones a acciones en materia de derechos de la población LGTBI.
“Se pidió como una autoridad del Gobierno a desarrollar por el Comisionado Presidencial en ese campo, que por cierto ya no está porque tuvo que renunciar al redactar el famoso decreto para la creación de la UPAD”, explicó el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, quien forma parte de la Comisión de Hacendarios.
De acuerdo con Peña, en ese momento se señaló que esas acciones pro derechos de los LGTBI se harían mediante coordinaciones con otras entidades por medio del Comisionado Presidencial, “de modo que no era significativo el gasto directo de realizar esas actividades”.
El diputado explicó que no hay ningún compromiso legal de asignar montos específicos para esas capacitaciones, lo que existen son decretos presidenciales que promueven este tipo de acciones o programas de capacitaciones dentro de las instituciones.
Peña afirmó que posterior a la petición que hizo Presidencia, remitieron una corrección y declararon que esos recursos monetarios eran para el funcionamiento del despacho del presidente en general.
Las capacitaciones vienen desde el Gobierno de Solís
Según denunció en julio de 2019 el abogado italiano Gianfranco Amato, Costa Rica ha sido uno de los países de lo que él llama "colonización de las leyes locales mediante la teoría de género, una colonización ideológica mediante el aporte de millones de dólares a asociaciones locales que promueven la teoría del “gender” basándose en el Global Resources Report (Government and Philanthropic Support for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Communities). Según este informe, Costa Rica recibió $5 millones entre 2015 y 2016. Sin embargo, a partir del 2017 el país debió continuar financiando este tipo de capacitaciones vía decretos presidenciales.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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