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Coope San Gabriel denuncia que Tesorería Nacional le suspendió funciones sin causas probadas
  • Llevan más de año y medio sin el código que el órgano de Hacienda les entregó hace más de 20 años para realizar cobros
  • La Cooperativa de Servicios Múltiples San Gabriel R.L nació hace más de 20 años con el objetivo impulsar a micro-empresarios en el desarrollo de negocios y la oferta de productos y servicios a funcionarios del sector público. La cooperativa financia a estos funcionarios para que compren productos de estos emprendedores y gestiona el cobro a plazos mediante un código que brinda la Tesorería Nacional. Esta entidad del Ministerio de Hacienda es la encargada de gestionar la deuda interna del Gobierno Central y de administrar los recursos líquidos del Estado.

    Sin embargo, en agosto del 2018,  la Tesorería Nacional suspendió el código que había entregado a Coope San Gabriel para que comenzara sus operaciones, hace más de 20 años.

    La Tesorería abrió una causa para realizar esa suspensión. El argumento fue que recibieron quejas de funcionarios públicos a los que presuntamente Coope San Gabriel reducía los salarios y hacía cobros de cuotas al margen de cualquier relación con estos funcionarios, por medio del código.

    Según la Tesorería, los disgustos llegaron a la institución a través de llamadas telefónicas, volantes e incluso funcionarios que acudían presencialmente.

    Las pruebas nunca fueron mostradas

    Un mes después de abrirse la causa de suspensión, el representante legal de la cooperativa, Álvaro Murillo, fue citado a comparecer en octubre de 2018 para determinar su presunta responsabilidad y se le indicó de parte de la Tesorería, que podría llevar un abogado.

    Antes de la audiencia, según Murillo, quien también es uno de los fundadores de la cooperativa, él y su asesor legal revisaron el expediente, pero no encontraron pruebas de las supuestas quejas que dieron origen al procedimiento.

    “El abogado del órgano director nos preguntó por las pruebas para rebatir la acusación, pero solicitamos que primero nos informaran sobre el motivo de la acusación para poder presentar las pruebas. Nos solicitaron el registro de las deducciones de las 5.000 operaciones de la cooperativa, pero nos negamos porque eso constituiría en un proceso legal de autoinculpación”, explicó Murillo.

    Tras esa primera audiencia, los personeros de la cooperativa insistieron en que no había elementos probatorios sobre cómo se realizaba el mal uso del que se acusaba. La cooperativa escribió notas al órgano director, pero nunca tuvieron respuesta. “Esta omisión podría interpretarse como una burla a las razones presentadas por Coope San Gabriel”, comentó Murillo.

    Orden de Sala IV no fue acatada por la Tesorería

    En diciembre de 2018, la Tesorería notificó a la cooperativa que desactivarían el código de forma indefinida.

    Ante la situación, y luego de varias cartas no respondidas por la Tesorería, Coope San Gabriel acudió en febrero del 2019 a la Sala Constitucional para que les permitieran ver el expediente con el fin de puntualizar los hechos por los que fueron culpados. El recurso de amparo interpuesto demostraba que la investigación administrativa no era sancionatoria, sino condenatoria.

    “De inmediato la Sala envió una carta a la Tesorería exigiéndole que nos facilitara el expediente a los miembros de la cooperativa, dentro de los tres días siguientes a esa notificación. También le advirtieron al órgano que estaban obligados a establecer un plazo a la sanción por lo que no podían darle de ninguna manera el carácter de indefinida”, detalló Murillo.

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    La respuesta de la Sala IV permitió que en la cooperativa estudiaran el expediente, y de acuerdo con el fundador de Coope San Gabriel, encontraron una vez más que no tenían nada que probara las acusaciones. Sin embargo, la exigencia de la Sala IV sobre establecer el plazo a la sanción no fue acatada por la Tesorería.

    “Enviamos constantes apelaciones a Martha Cubillo, quien en ese momento fungía como Tesorera Nacional, pero no recibimos respuesta, tal y como venía sucediendo en meses pasados”, comentó Murillo.

    Ministros solicitaron anular la suspensión del código

    A raíz de la falta de respuesta y con diez meses de suspensión del código, el 29 de julio de 2019 la cooperativa solicitó una audiencia a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

    La jerarca respondió un día después con una orden a la Tesorera Nacional de atender la aclaración de Coope San Gabriel. Asimismo, solicitó un recurso de revocatoria con apelación e incidente de nulidad contra la resolución que suspendía el código a la cooperativa.

    “En la nota también se le ordenaba a la señora Martha Cubillo adoptar las medidas necesarias para disciplinar y aplicar las sanciones derivadas de la prestación del servicio público, al servidor Marvin Durán, quien era asesor legal de la Tesorería”, contó Murillo.

    La Tesorería hizo caso omiso a la petición de Aguilar y posterior a su salida del Ministerio, la cooperativa contactó al ministro interino Vladimir Villalobos. Este respondió con una carta dándole la razón a la cooperativa.

    En la carta, Villalobos aseguraba que se adolecía de un expediente de actas que documentaran las supuestas llamadas telefónicas, que la Tesorería debió haber levantado actas con el fin de documentar las acusaciones. Tampoco hubo documentos que constataran las quejas que supuestamente se hicieron ante la Tesorería y mucho menos los volantes, por lo que no era posible identificar el motivo de la denuncia, según Murillo.

    A pesar de las ordenes de Aguilar y del aporte de Villalobos, Coope San Gabriel aún sigue sin su código.

    Un golpe para la economía social solidaria

    Para Murillo lo más relevante del caso, es que se violentaron los derechos, no se siguió el debido proceso, no respetaron las resoluciones de los jerarcas mayores y además, aplicaron suspensiones con argumentos que son ilegales.

    “Este país no avanza porque muchas veces esos mandos medios con prácticas no morales, permiten que se hagan cosas que no son correctas. Nuestra misión es generar trabajo para los micro-empresarios y también financiar a los empleados públicos para que compren los productos de estos emprendedores, pero eso no significa que tercerizamos”, reconoció Murillo.

    Murillo añadió que “este modelo con el que funcionamos no lo entendió o no lo quiso entender la Tesorería. No entienden que las pymes representan un 80% de la economía y Coope San Gabriel lo que busca es que crezcan y desarrollen sus ideas de negocio. La Tesorería dañó a un verdadero modelo de sistema económico social solidario único en el país, que ha trabajado para ayudar a empleados, pymes, proveedores y familias enteras”.

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    Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

    Bachiller en Periodismo y Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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