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Sala IV ordena a la Presidencia revelar la negociación con farmacéuticas

Ciudadana Sara Elena Argueta había solicitado respuesta a 10 preguntas y dos quedaron sin resolver

La Ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, debe responder antes del 2 de marzo, a dos preguntas relacionadas con las negociaciones hechas con las farmaceúticas para la compra de vacunas contra Covid-19.

Según reveló hoy www.ameliarueda.com, el reclamo se encuentra bajo el expediente 21-024421-0007-CO, y fue planteado por Sara Elena Argueta Ruíz. El 11 de noviembre de 2021, Argueta envió un correo electrónico a la Presidencia de la República, en el cual solicitó la respuesta a 10 consultas relacionadas con la pandemia por Covid-19, la utilización del código QR y las vacunas. Luego de pasar por varias entidades, las preguntas 9 y 10 quedaron sin respuesta. Estas son:

9. Por favor, indicar por este medio los nombres de las personas que actuaron en representación de las casas farmacéuticas que firmaron los contratos de Costa Rica con cada una de las casas farmacéuticas.

10. ¿Es verdad que el señor Sr. Greg Mueller, de AstraZeneca UK Limites, estuvo vinculado en los contratos que firmó Costa Rica con AstraZeneca?

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Para intentar responderlas, el Ministerio de Salud respondió:

“Al respecto he de indicarle que, como ya ha sido de conocimiento público, la adquisición de vacunas contra Covid-19, tanto de Pfizer como de AstraZeneca, ha estado a cargo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), por cuanto la compra se ha hecho con recursos del Fondo Nacional de Emergencias. Dicho lo anterior todo lo concerniente a los contratos debe de dirigir las consultas a dicha entidad. No omito manifestar que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) tiene información visible y es de acceso público en la página oficial de ingresando al siguiente link: https://www.cne.go.cr/covid/ADQUISICION_VACUNAS.aspx”

Sin embargo, la Sala Constitucional declaró el recurso de amparo con lugar pues considera que el Ministerio de Salud no tiene las competencias adecuadas para responder, y que debe ser la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la que lo haga. Asimismo, condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos.

Redacción

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