En Costa Rica viven 1,4 millones de niñas, niños y adolescentes. De estos, 64.000 son migrantes, 38.000 son afrodescendientes, 18.000 tienen algún tipo de discapacidad y 12.000 son indígenas, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), durante el 2018 los derechos de esta población no se cumplieron a plenitud por un factor que cala desde hace varios años en la sociedad costarricense: la pobreza.
La institución hizo especial énfasis en que las consecuencias en este sector se reflejan en la falta de acompañamiento parental; la violencia (física, psicológica y sexual) en la familia, escuela y comunidad; y en un mayor riesgo de involucramiento en actividades ilícitas y conflicto con la ley.
Desigualdades
Datos de la Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples (ENAHO), indican que alrededor de un 20% de la población nacional sigue siendo pobre. El 34% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país viven en la pobreza monetaria y, de este segmento un 12% se encuentra en condiciones económicas de pobreza extrema.
En aspectos relacionados con la salud, por ejemplo, se evidencia la desigualdad. “Los datos más recientes del Ministerio de Salud indican que en el 2017 la cifra del embarazo en niñas y adolescentes alcanzó 14,8%, que una vez desagregada por grupos étnicos excluidos ilustra que se agudiza el problema, ya que en la población indígena y afrodescendiente alcanza el 22% y 19%, respectivamente”, señala el informe.
La exclusión educativa también funciona para demostrar la situación. Según el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (EDNA) del 2016, un 12% de la población indígena y un 24% de la migrante, de 4 a 17 años, no tiene probabilidades de recibir formación en primaria y secundaria.
Asimismo, datos de la Encuesta Continua de Empleo del 2018, afirman que más de 175.000 adolescentes y jóvenes no estudian ni trabajan y más de 126.000 no completaron la educación secundaria.
En busca de solución
Un acuerdo de cooperación de la Unicef tratará esta problemática durante cuatro años: de 2018 a 2022. Durante el primer año se invirtieron más de ¢1.000 millones en programas conjuntos con instituciones públicas como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), contrapartes de sociedad civil y socios. Algo que según la institución permitió fortalecer las capacidades de gestión y administración de los recursos.
"El Patronato Nacional de la Infancia reconoce el esfuerzo permanente que desarrolla Unicef por coadyuvar en la creación, desarrollo e implementación de mecanismos idóneos para disminuir las desigualdades que impiden una efectiva garantía de cumplimiento de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, explicó Patricia Hernández, gerente técnica del PANI.
El enfoque de este acuerdo de cooperación se basa en tres prioridades: el desarrollo inclusivo de la primera infancia y educación de calidad, la protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia y la inclusión social, abogacía pública y comunicación.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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