Este jueves el Plenario Legislativo aprobó de manera definitiva el proyecto de ley 19.902, que tiene como objetivo la promoción, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).
Con la aprobación de la iniciativa, se estima fortalecer acciones como la detección temprana desde el primer nivel de atención integral en salud, el acceso a la información técnica, empleo y autoempleo.
“Una ley específica como esta, es sumamente necesaria dadas las características y particularidades que el trastorno TEA representa para las personas y familiares que lo enfrentan. Esta ley construirá una herramienta indispensable para la promoción, protección y garantía de sus derechos”, expresó Catalina Montero, congresista de la bancada oficialista.
El proyecto incluye atención oportuna en salud y terapia; acompañamiento en educación, formación técnica, universitaria y ocupacional, con un enfoque de derechos humanos.
“Si bien el país cuenta con la ley 7.600 que ha venido generando oportunidades y luchando por los derechos de las personas con discapacidad, se ha enfocado mucho a los problemas físicos y de espacio de las personas discapacitadas. Necesitábamos una ley especial que acogiera las necesidades de insertar a la población con TEA a una sociedad que le ha dado la espalda. Con la ley vamos a buscar esas oportunidades”, enfatizó la diputada liberacionista Paola Valladares.
Para lograrlo
El texto del proyecto indica que para garantizar el acceso al empleo de esta población, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), implementarán una estrategia de inserción laboral.
Para asegurar la inclusión de las personas con TEA en los programas formativos del INA, la institución deberá realizar ajustes metodológicos y de contenido en los programas de formación que imparte. Asimismo, el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) deberán formular políticas y apoyos para este fin.
En cuanto a la detección temprana, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptará las medidas necesarias para lograrlo desde el primer nivel de atención integral en salud, con el objetivo de que puedan emitir el diagnóstico y las referencias correspondientes a los servicios de atención requeridos.
Asimismo, la CCSS en colaboración con Conapdis deberán mantener actualizados los datos e información estadística sobre la población con TEA.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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