La Defensoría de los Habitantes concluyó una investigación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), identificando graves diferencias en los registros institucionales, variaciones en costos, atrasos en cronogramas y desafíos en la ejecución de recursos asociados al desarrollo de obras estratégicas.

El estudio analizó información de proyectos ejecutados en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el período 2019-2024, mediante el cotejo de matrices institucionales del AyA, información de la Contraloría General de la República (CGR) y del portafolio institucional de inversiones “Listado de ejecución de inversiones 2014-2023”.

Uno de los propósitos de la investigación era examinar la consistencia y trazabilidad de la información utilizada para la planificación y seguimiento de las inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento.

¿Qué encontró la Defensoría?

Entre los aspectos relevantes identificados durante la investigación es que el AyA no contó con un portafolio institucional consolidado de proyectos de inversión sino hasta el año 2024.

La información relacionada con las inversiones se encontraba distribuida en distintas fuentes institucionales, dificultando contar con una visión integral sobre el estado de los proyectos, sus responsables, fuentes de financiamiento, cronogramas y niveles de avance. Esta situación limitó la trazabilidad histórica de las inversiones y la reconstrucción de su evolución a lo largo del tiempo.

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La investigación de la Defensoría documentó proyectos que presentan discrepancias de varios años entre las fechas consignadas en distintas fuentes institucionales. En algunos casos, las diferencias observadas alcanzan cerca de una década, dificultando determinar con precisión cuándo iniciaron las obras, cuándo debían concluir y cuál ha sido su evolución real durante su ejecución.

Esta situación adquiere especial relevancia debido a que las inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento son financiadas con recursos públicos, recursos propios de la institución, financiamiento externo y, eventualmente, mediante tarifas pagadas por las personas usuarias.

Por esta razón, la trazabilidad de los costos constituye un elemento fundamental para fortalecer la planificación institucional, la rendición de cuentas y el seguimiento de las inversiones realizadas.

La Defensoría analizó las contrapartidas nacionales asociadas a varios programas financiados con recursos externos, se identificó que los montos vigentes alcanzaban $126,4 millones. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre de 2025 únicamente se habían ejecutado aproximadamente $32 millones, mientras que $94,4 millones permanecían pendientes de utilización.

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