

La fracción de la Unidad Social Cristiana solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) abrir una investigación a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
De acuerdo con información brindada por la bancada, la UNGL destinó más de ₡1.500 millones en asesorías y dio un manejo poco claro de alrededor de US$3 millones provenientes de cooperación internacional.
Ante esta petición a la CGR, aDiarioCR solicitó su posición a la UNGL, cuya directora ejecutiva, Karen Porras, aseguró que en la Unión valoran la transparencia en todas sus acciones y operaciones.
“Es por esta razón que entendemos la importancia de garantizar que nuestros procedimientos sean evaluados de manera imparcial y exhaustiva para preservar la confianza pública”, expresó Porras.
La directora ejecutiva además indicó que en los últimos cinco años, han cumplido con ocho auditorías tanto de la Contraloría como de entes externos, con resultados que asegura, han sido positivos.
Auditoría externa investigará acción de Porras
El diputado socialcristiano, Horacio Alvarado, explicó que a principios de septiembre, la Junta Directiva de la Unión, acordó contratar una auditoría externa para investigar la gestión de Porras, por irregularidades en nombramientos y contrataciones, además de uso de caja chica y vehículos institucionales.
“Resulta realmente preocupante la falta de transparencia en el uso de recursos públicos de la Unión de Gobiernos Locales, y se desconoce si estos recursos están siendo utilizados para fortalecer el trabajo municipal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las comunidades. Esperamos que la Contraloría realice una investigación exhaustiva de este caso”, dijo Alvarado.
Por su parte, la UNGL hizo hincapié en que su Consejo Directivo solicitó la auditoría externa para fortalecer la transparencia de la institución, pero que no tiene relación con la directora ejecutiva de la institución, como “erróneamente lo han mencionado”.
“Estamos dispuestos a colaborar y proporcionar información para demostrar las buenas prácticas, aunque consideramos que la cantidad de auditorías solicitadas parece más una persecución política”, acotó Porras.
Asimismo, sugirió un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas, incluyendo las fracciones legislativas de los partidos políticos y las autoridades de la CGR.
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