Casa Presidencial anunció este martes que el Poder Ejecutivo desconvocó el proyecto de ley que pretende vender el conglomerado financiero Banco de Costa Rica (BCR).
De acuerdo con el Gobierno, la acción se debe a que revisarán las observaciones hechas durante el proceso de audiencias. También, conversarán con los diputados y las diputadas que conforman la Comisión de Asuntos Económicos.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, comentó que la idea es elaborar un nuevo texto para esta iniciativa de ley. “El proyecto tiene como objetivo acelerar el proceso para llegar a una relación deuda/Producto Interno Bruto del 60%”, aseguró el jerarca.
Sin embargo, comentó que acatarán las observaciones recibidas, como la de retirar la iniciativa para hacer modificaciones y profundizar el diálogo.
Venta significaría transformación del diseño institucional del Estado
Desde el 7 de septiembre pasado, fecha en la que la propuesta ingresó a corriente legislativa, lo planteado en el expediente ha generado dudas y opiniones de expertos.
Por ejemplo, el 16 de noviembre anterior, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos recibió a la Contralora General de la República, Marta Acosta, para que brindara su criterio acerca del proyecto.
Durante ese espacio, la Contralora explicó puntos que considera importantes de entender, entre ellos que “este proyecto no es la simple venta de un ente bancario, sino que la decisión conlleva una transformación del diseño institucional del Estado. Para la venta debe construirse una sociedad anónima, por lo que el banco pasaría a llamarse Banco de Costa Rica Sociedad Anónima”.
Acosta hizo hincapié en que la ley daría autorización al Ministerio de Hacienda para la contratación de una asesoría financiera que recomendará un modelo de estructuración, los mecanismos de precio y estrategias para la venta del banco.
También, recalcó que si se vende más del 50% de las acciones de todas las subsidiarias, se obligaría a que las instituciones del Estado que tienen sus depósitos en cuentas corrientes del BCR, pasen sus recursos al Banco Nacional.
“Esta es una venta muy compleja que requiere planificación y preparación, ya que se deben definir de forma previa, una serie de aspectos que fundamenten el marco institucional para la toma de decisiones respecto a los cambios en el diseño del Estado y una hoja en donde definan los objetivos con la venta, transformación y cierre de instituciones”, manifestó la Contralora.
Fracciones rechazan proyecto
La fracción de la Unidad Social Cristiana se opone al texto presentado por el Poder Ejecutivo, pues asegura que contiene grandes y múltiples dudas sobre la ruta para lograr la venta de un banco que, según expresaron, “impacta directamente el diseño institucional del país”.
Para los legisladores de este partido, de avanzar esta propuesta, se pondría en peligro el empleo de miles de trabajadores, la estabilidad económica de instituciones públicas y la pérdida de un valioso activo del Estado.
En total, enumeraron nueve razones de su oposición, entre ellas: no se tiene un estudio aprobado y una metodología que determine el valor real del banco; no contempla qué sucederá con las 4.300 personas trabajadoras de la institución; no se establece qué procede con las cargas parafiscales que el BCR traslada como aporte social; no se tomó en cuenta el contexto actual de contracción económica, y el Consejo de Gobierno (Presidente y ministros) sería el accionista de la sociedad anónima.
Nueva República anunció este martes que se opone a la venta del banco, ya que “la iniciativa deja un sinnúmero de dudas que tomamos en cuenta para oponernos, como el futuro de los fideicomisos de obra pública que maneja la institución, servicios a sus clientes como licencias y pasaportes, o con los más de 4.400 Puntos Tucán”, dijo Olga Morera, subjefa de fracción.
Otro de los aspectos que destacaron los congresistas, es que el BCR posee el 30% de la cartera de créditos de los bancos estatales, lo que significa el 12.6% del total de préstamos de todo el sistema bancario del país, cuyas condiciones podrían ser modificadas en caso de administrarse por una figura privada.
La venta de esta entidad financiera se daría por US$1.783 millones y de acuerdo con los legisladores, esto representaría el 3% en el pago de intereses de la deuda pública, por lo que no sería suficiente para una respuesta de alto impacto.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
