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Estado pierde miles de millones de colones por robo de combustible

¿Cuánto deja de percibir el fisco en Costa Rica por el robo de combustible? Aunque como usuarios puede que no sea una duda que ronde en la cabeza, es un tema que en cierta medida tarde o temprano afectará nuestro bolsillo.

Combustible decomisado en abril durante un operativo en Guápiles. Foto: Ministerio de Seguridad Pública.

Según el director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible (CEC), José Miguel Masís, “la actividad irregular disminuye las ventas en las estaciones y por ende incrementa el margen de comercialización en las estaciones. De ahí que le sale al consumidor en general, más caro en razón de que otros se están ahorrando costos importantes”.

Esta actividad ilegal es un negocio en el que pocos ganan y muchos pierden. Según Masís en la actualidad “muchas empresas gasolineras están reportando disminuciones importantes en sus ventas. Y ese, probablemente, sea el efecto del ingreso de combustibles, no solamente de lo que se sustrae a Recope, sino también lo que le sustraen a las estaciones de servicio en el transporte”.

Ojo a los datos

El poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) consiste en una red de tubería de acero que recorre 542 kilómetros y pasa por 20 cantones desde Limón hasta Barranca en Puntarenas.

Ahora, volviendo a la pregunta inicial, la respuesta es que el fisco deja de recibir ¢25,000 millones al año por robo de combustibles (gasolina y diesel).

De acuerdo con la Ley No. 8114 de “Simplificación y Eficiencia Tributaria”, alrededor de un 30% de los recursos que se recaudan por el impuesto a los combustibles fósiles, se destina a la inversión en infraestructura de carreteras: 21,8% al CONAVI, 7,3% a las municipalidades para que mantengan las carreteras locales y 1% a Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME-UCR) para supervisar la calidad de la red nacional.

De acuerdo con datos de la CEC cerca del 20% del combustible expendido es producto de esta actividad ilegal.

Según datos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), solo durante el 2017 el Estado perdió ¢1.152 millones por el robo de combustible.

Los primeros sucesos de este tipo en Costa Rica se registraron entre los años 2002 – 2003; entre el 2017  y el 6 de marzo de 2018, la DIS registró siete sustracciones de combustible en localidades de Limón y Turrialba; y cada uno de estos robos puede dejar pérdidas de ¢6 millones.

Para el Laboratorio Nacional de Materiales LANAMME-UCR “este es un tema de preocupación para todo el país, sin embargo, se sale de las competencias y la labor de esta institución (…) hacer recomendaciones para solucionar este problema”.

Tráfico por tierra y por mar

En relación con el tráfico de combustible, éste no sólo se transporta por tierra: quienes se prestan para este delito también utilizan la vía marítima.

“Tenemos noticias de que se han dado momentos en los que llega combustible en barcos y se ofrece a quien quiera comprarlo. Inclusive, estuvo ingresando combustible irregular desde Nicaragua. Era combustible que llegaba de Venezuela a ser comercializado en Nicaragua por los convenios con el ALBA y que de alguna manera ese combustible pasaba a Costa Rica a venderse aquí, se ofrecía incluso con ¢200 (por litro) de precio más barato. El contrabando de las gasolinas también viene de Panamá”, según Masís.  

El pasado 31 de mayo se capturó a personas sospechosas de tener vínculos con bandas dedicadas al robo de combustible. Entre los detenidos figuraban incluso el dueño y el administrador de una gasolinera. Sin embargo, dos días después de su captura quedaron en libertad bajo medidas cautelares, luego de que el juez determinara que los imputados cuentan con suficiente arraigo para mantenerse sujetos al proceso penal de libertad.

El 5 de junio de este mismo año, agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron a Gilberth Bell Fernández conocido como “Macho Coca”, supuestamente por brindar apoyo logístico a una banda que extraía combustible en Limón. De esta forma se comprueba que hay múltiples robos en las tuberías de Recope y que los mismos gasolineros compran esa gasolina robada.

Según indicaron las autoridades, los robos perpetrados por este grupo entre noviembre de 2016 y mayo de 2018 alcanzaron aproximadamente ¢2.000 millones. De acuerdo con algunos gasolineros, que pidieron el anonimato, quienes no compran gasolina contrabandeada están perdiendo dinero.

José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible.

Con respecto a este tema, Masís asegura que “el surgimiento de más de 4,000 tanques ilegales de combustible es el verdadero problema. Son cantidades enormes de combustibles que deben ser comercializados. ¿Dónde se realiza? Se realiza por lo general en predios e incluso hemos detectado, ventas de combustible en empresas serias, formales, que están recibiendo combustible pero que no conocen esa procedencia”.

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José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible.

Gasolina subsidiada y contrabandeada

Por otra parte, Recope subsidia al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), entidad que ha recibido mucha información sobre el tráfico de combustible subsidiado que al parecer se está intercambiando en alta mar por drogas.

Sobre este tema Masís se muestra cauto y señala que “probablemente no sea un volumen exorbitante. Es decir, no sé cuántas lanchas pasarán por nuestras aguas y requieran combustible. Lo cierto es que probablemente el incentivo mayor sea consumirlo aquí en el país y por lo tanto mucha de esa responsabilidad la tenga el comprador de combustible que logra determinar cuál sea su procedencia”.

Vacío legal

En otro operativo, en enero, se detuvo un camión que transportaba combustible de forma ilícita. Foto: Ministerio de Seguridad Pública.

En la actualidad no existe una legislación específica para aquellos que expendan combustibles ilegales, es decir, no hay una ley que castigue fuertemente el robo de combustible.

Además Recope no tiene marcadores (a excepción de colorantes) para seguir el rastro de los combustibles que no pagan impuestos. Incluso a pesar de la existencia de estos marcadores no hay una ruta definitiva para corregir o erradicar esta problemática.

Las trabas no terminan ahí, pues según ha informado la Refinadora a la prensa nacional, también tienen problemas técnicos para diluir cualquier producto líquido dentro de los tanques de depósito. Aunque en países como Colombia se utilizan moléculas que brindan la posibilidad de utilizar herramientas de trazabilidad fiscal para identificar el combustible robado, en Costa Rica aún no se está implementando ningún tipo de marcación.

Y si en Costa Rica se contara con esta tecnología, las autoridades no tienen dónde depositar el combustible decomisado una vez capturado. Este asunto podría regularse mediante la aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Seguridad en riesgo

Las perforaciones al poliducto provocan riesgos para la población y daños ambientales. Foto: Ministerio de Seguridad Pública.

Uno de los puntos que también ocupa a las autoridades es precisamente el gran riesgo que representa para las comunidades aledañas el “ordeño ilegal” de combustible. Desde el proceso de extracción hasta el transporte y almacenamiento se realizan de forma “hechiza”, es decir no cumplen con ningún tipo de norma de seguridad.

En el caso del transporte de la gasolina, utilizan cualquier tipo de camiones que no cumplen con los protocolos de seguridad y que mucho menos cuentan con rotulación que advierta que contienen material inflamable. Estos transportes clandestinos circulan además por carreteras de alto tránsito como la Ruta 32 (San José – Limón).

En cuanto al almacenamiento del combustible, de acuerdo con información de la DIS, lo depositan en estañones o incluso recipientes plásticos que luego colocan en bodegas ubicadas cerca de viviendas. Las condiciones de seguridad son mínimas o nulas.

Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos esta actividad ilegal es altamente peligrosa y pone en riesgo inminente a la población, Javier Castro del Departamento de Planes y Operaciones explicó a aDiarioCR.com que “cada vez que hay un derrame de combustible que sobrepasa los 55 galones ya es considerado un derrame muy grande y depende del tipo de combustible, el grado de inflamabilidad y de combustión son diferentes. En el caso de la gasolina es altamente inflamable y cada vez que tiene fuego es muy violento y eso pone en riesgo la vida de las personas.”

Castro destacó además el daño ambiental que esta situación genera pues  “hay un riesgo de contaminación a los mantos acuíferos, a las plantaciones, a las tierras y a los sistemas de aguas pluviales y esto generaría también un riesgo altísimo en caso de que este combustible llegara a ser parte de un proceso de combustión”.

El especialista hace un llamado especial a la población para que si se dan cuenta que en su comunidad se da el almacenamiento ilegal de combustible, lo denuncien cuanto antes a las autoridades pertinentes. De igual forma si están expuestos a un derrame de gasolina “el primer paso es solicitar ayuda inmediata a las instituciones de primera respuesta e inmediatamente realizar una evacuación del área lo más lejos posible”.

El robo de combustible nos afecta a todos

Nuestro bolsillo está siendo afectado por:

  • La falta de control de calidad del combustible que afecta directamente el motor de nuestro vehículo.
  • La disminución en la recaudación del impuesto que se utiliza para arreglar las calles y controlar la calidad de las mismas.
  • La posibilidad de enfrentar un accidente por la falta de control en el transporte y en la manipulación del combustible robado.

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Acerca del autor Paula Brenes Rodríguez

Periodista con más de 12 años de experiencia en medios como presentadora, periodista y coordinadora de contenido. Bachiller en Periodismo de la UIA.

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