Por: Hanna Fernández y Marianela Sanabria
Este viernes la Fiscalía General de la República allanó las oficinas de Casa Presidencial como parte de la investigación por presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, relacionados a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Son investigadas en total ocho personas: Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República; Víctor Morales Mora, Ministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, Viceministro de Planificación Nacional y Política Económica; Diego Fernández Montero, Coordinador de la Unidad de Datos y sus subalternos Alejandro Madrigal Rivas, y Andrés Villalobos Villalobos; Luis Salazar Muñoz, Comisionado Presidencial LGTB, y Felly Salas Hernández, directora del Despacho del Presidente.
Las casas de Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos fueron allanadas, así como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Desde el viernes 21 de febrero se dio a conocer el decreto firmado por el presidente de la República, el ministro de la Presidencia y el ministro ai de Planificación, Daniel Soto, que validaba la puesta en marcha de la UPAD.
Precisamente diputadas como Carmen Chan del bloque Nueva República y la liberacionista Franggi Nicolás reprocharon la lentitud de la Fiscalía con respecto a este caso.
“Definitivamente la fiscalía allanó muy tarde a Casa Presidencial, pues en una semana pudieron correr a ocultar la información. Probablemente hoy vivimos uno de los sucesos más penosos de nuestra historia; bastante tarde actúa Emilia Navas, Fiscala General de la República, para recabar pruebas relacionadas con la Agencia de Datos que estaba operando hacía más de un año”, aseguró Chan.
Nicolás por su parte expresó: “Hasta dónde ha llegado nuestro país con el PAC. Hoy la ciudadanía lamenta este episodio, pero al mismo tiempo reprocha con indignación la lentitud de la Fiscalía. Una semana después posiblemente ya no encuentre nada”.
Pedro Muñoz, jefe de la fracción socialcristiana, indicó que los seis años de gobierno del PAC demuestran una vez más que son “lobos con piel de oveja. En aras de una populista transparencia buscan deshacer secretos que existen ahí para proteger a la intimidad y a la consciencia en esas actitudes se rasgan la investidura, tratando de engañar una vez más al pueblo, al mismo tiempo que erosionan la confianza”.
Además afirmó que la creación de esta unidad es una señal para crear una Coalición de Centro Derecha, como ha venido proponiendo. “Las actitudes antidemocráticas como esta lo dejan más que claro”, afirmó.
Unidad sería para asesorar y fortalecer toma de decisiones
El lunes 17 de febrero del 2020 se hizo público el decreto Nº 41996-MP-MIDEPLAN en La Gaceta, donde se decretó la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que según el texto, es una instancia que asesoraría a la Presidencia de la República y funcionaría para fortalecer la toma de decisiones por medio de la evidencia que proporcionara el análisis de datos.
Las reacciones que ha generado la conformación de esta unidad, recaen en gran parte por el artículo N° 7 del decreto, que dicta: “Se dispone acceso a toda la información que sea requerida por la UPAD para cumplir con sus fines y objetivos, donde tendrían fácil acceso de datos incluso a información con carácter confidencial de las instituciones públicas”.
A pesar de que el decreto solo lleva cuatro meses en vigencia, los asesores de Alvarado llevan más de año y medio almacenado información de la población.
Derogación del decreto
Después de las críticas y el repudio recibido por parte de diputados, de la Defensoría de los Habitantes y los costarricenses, el viernes 21 de febrero el presidente de la República derogó el decreto de la creación de la UPAD e invitó a una sesión de trabajo sobre el tema el lunes siguiente a un equipo de la Defensoría de los Habitantes y a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).
Sin embargo, no se invitó a la Comisión Nacional de Datos Abiertos, la cual es una iniciativa del Gobierno Abierto de la República de Costa Rica que pertenece a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), organización multilateral que promueve políticas de derecho de acceso a la información pública, participación ciudadana y lucha contra la corrupción en cada uno de sus Estados miembros.
Costa Rica es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2012. A partir de esa fecha, el país ha establecido un foro multiactor que actualmente es llamado Comisión Nacional para un Gobierno Abierto (CNGA), conformado por representantes del Poder Ejecutivo, sociedad civil, la academia y sector privado.
Asimismo, el país ha desarrollado tres planes de acción bianuales (2013-2014, 2015-2017 y 2017-2019) y ha sido destacado como referente internacional al ser el primer miembro de OGP en incluir en el proceso al Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones y municipalidades como parte de su compromiso de convertirse en un Estado Abierto.
La Defensora de los Habitantes Catalina Crespo, expresó su preocupación sobre el alcance del decreto, específicamente por el incumplimiento de la Ley N° 8969 de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, por lo que solicitó un informe de este.
Presidente reconoció error
Durante una cadena en televisión, y en sus redes sociales, el presidente Alvarado reconoció errores en la creación de la UPAD, habló sobre los fallos en el decreto y los conceptos escritos en el artículo 7. También se disculpó por no haber manifestado la creación de la oficina.
“No explicar de previo y suficientemente a toda la ciudadanía el objetivo y mecanismos para dejar claro un respeto absoluto a la privacidad de todas y todos", mencionó Alvarado.
También aclaró que la UPAD contaba con permiso para hacer uso de información pública autorizada por ley. Mencionó que la Unidad trabajó con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para ubicar a las instituciones más necesitadas, con el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) en la creación de una herramienta que ayudara con el congestionamiento vial y así invertir en carreteras
El Ministerio de Hacienda estuvo involucrado, según Alavarado, para llegar a un análisis más eficaz con respecto a presupuestos, así como el Instituto Mixto de Ayuda Soscial (IMAS) con el que se planeó la construcción de políticas sociales que faciliten llegar a personas en condición de vulnerabilidad que no han recibido ayuda del Gobierno.
Denuncias en Ministerio Público
Tanto Alvarado, como Morales y Soto, tienen al menos tres denuncias en su contra en el Ministerio Público por la creación de la UPAD, además de una investigación legislativa por parte de una comisión integrada por siete diputados: Jonathan Prendas, Silvia Hernández, Carolina Herrera, Pedro Muñoz, Floria Segreda, Dragos Donalescu y Ana Lucía Delgado, quienes investigarán el manejo de la información por parte del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, la Sala Constitucional tiene dos recursos de amparo en contra de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), bajo una acción de inconstitucionalidad y otra por la creación una oficina que maneje los datos íntimos de los costarricenses.
“Denuncié al presidente, sus dos ministros y a los dos funcionarios de la UPAD, por delitos de prevaricado y violación de datos”, escribió en su cuenta en Twitter el domingo 25 de febrero el abogado Juan Diego Castro.
Por su parte la abogada, Gloria Navas, denunció penalmente, según comunicó ella misa en su página de Facebook, “al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, al Ministro, a.i. de Mideplan, Daniel Soto, y al equipo que trabajó en este decreto, entre ellos Alejandro Madrigal Rivas”.
Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ofreció su "apoyo técnico jurídico a la Defensoría de los Habitantes en la investigación del caso del Decreto Ejecutivo N. 41999-MP-MIDEPLAN en atención a la preocupación expresada por nuestros agremiados y la ciudadanía".
Tras las acusaciones, Mideplan anunció que nunca hubo un estudio técnico estructurado por parte de Presidencia en el que se estableciera la legalidad de la Oficina, incluso el decreto N°41996 fue realizado bajo las normas del Mideplan.
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Soluciones
El diputado José María Villalta propuso tres acciones para proteger el derecho a la privacidad y autodeterminación informativa: “acciones legales contra la UPAD y su dudosa operación; el cierre definitivo de la DIS y trasladar la PRODHAB a la Defensoría de los Habitantes para que sea independiente del Ejecutivo”. Actualmente la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) está en el Ministerio de Justicia y Paz.
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