

El proyecto que pondría en funcionamiento un tren eléctrico para pasajeros en el país, no ha dejado de generar opiniones en distintos sectores desde que el Gobierno lo anunció.
La Defensoría de los Habitantes externó su preocupación por el préstamo que Costa Rica adquiriría, sin que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) garantice el desarrollo de un servicio ferroviario con frecuencias que se ajusten a las necesidades de movilidad de los usuarios.
Incluso, la jerarca de la institución, Catalina Crespo, invitó al presidente de la República, Carlos Alvarado, a que hicieran una visita de inspección para que el mandatario constate por sí mismo que los horarios del sistema de trenes son solo de cuatro frecuencias a primera hora de la mañana y cuatro al final de la tarde.
“Esto no lo configura como un servicio de uso frecuente ni que está disponible a lo largo del día, afectando y perjudicando a los usuarios que requieren del servicio durante toda la jornada. El uso del tren tampoco se ha ampliado en la ruta entre Alajuela y San José, a pesar de que frecuentemente se presentan construcciones en la vía que comunica ambas ciudades”, explicó la Defensora.
Agregó que aspectos como estos evidencian la desconexión que existe entre el planeamiento gubernamental en materia de tránsito de vehículos y de personas, pues “no se utiliza de manera intensiva el tren aún cuando las condiciones del servicio así lo demandan”, aseguró.
Crespo reiteró su inclinación por el uso de energías no contaminantes; sin embargo, cuestiona que el Gobierno aspire a construir un tren eléctrico cuando se usa de manera limitada el actual servicio ferroviario.
Diputada considera que lo más responsable es decirle no al proyecto

La diputada Carmen Chan de Nueva República, externó que para ella lo responsable en este momento es decirle no al proyecto del tren eléctrico, especialmente por el préstamo.
“Esta obra carísima nos dejaría más en deuda a los costarricenses, en momentos en que las finanzas públicas no gozan de buena salud. No solo nos embarcaríamos con el préstamo de US$550 millones con el BCIE y el Fondo Verde del Clima, que ya es bastante, sino además con un subsidio anual entre US$50 y US$150 millones que el Estado asumiría para hacer asequible el precio del pasaje”, sostuvo Chan.
De acuerdo con la legisladora, aún no hay claridad de la fuente de financiamiento de esos recursos, más allá del conocimiento de que se cargarán al presupuesto nacional.
En julio pasado, el Gobierno anunció que este proyecto obtuvo el financiamiento del Fondo Verde del Clima por US$271.3 millones, de los cuales US$250 se destinarían a financiar pate de los US$550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los US$21.3 millones sobrantes se utilizarían para iniciativas de desarrollo orientado al transporte (DOT), como la implementación de ciclovías conectadas con estaciones del tren.
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