La Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo para exigir al Gobierno la implementación de escáneres en todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país.
Según el documento que la institución envió a la Sala Constitucional ante la omisión de las autoridades recurridas en asumir esta obligación -el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas-, la falta de instalación de equipos y sistemas de tecnología que posibiliten la inspección no intrusiva del 100% de las mercancías que pasan como exportaciones o importaciones, afecta los derechos fundamentales y humanos de los habitantes.
“El contrabando, la evasión y la falta de control fiscal limita el financiamiento de programas de asistencia, prestación y satisfacción del interés público, incluidos la salud, seguridad, bienestar y paz social, en el marco del desarrollo, potencialización y progresividad de los derechos individuales y sociales que deben ser asumidos por el Estado”, indica la Defensora Catalina Crespo en el recurso.
La jerarca basó el recurso en que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas publicada en el diario oficial La Gaceta el 4 de diciembre del 2018, señala la implementación de los sistemas tecnológicos para este fin en un plazo no mayor de 12 meses, por parte del Ministerio de Hacienda.
“A la fecha no se ha procedido con la instalación de la totalidad de los equipos y los sistemas que posibilite la inspección de acuerdo con los términos de dicha norma jurídica. El plazo establecido dentro de la Ley se encuentra ampliamente vencido. En ese orden han transcurrido más de dos años y seis meses desde que la norma jurídica fue aprobada por el Congreso de la República”, indica el documento.
La Defensoría mencionó ventajas de esta tecnología como: mayor control y fiscalización ante contrabando, información y contenido tributario distinto a lo declarado; desarrollo de medidas de seguimiento y seguridad; mejora de la gestión del riesgo en los manifiestos de carga; decomisos de unidades de productos restringidos en cuanto ingresan al país, entre otros.
Afectación del sector exportador de piña
Con respecto a la afectación de los derechos e intereses del sector exportador de piña, Crespo recordó la normativa nacional e internacional sobre agricultura orgánica, que se orienta a brindar confianza y seguridad al consumidor de que el producto corresponderá a sus expectativas según lo que se ofrece.
“Se elevan los riesgos en cuanto al no cumplimiento de responsabilidades internacionales, alrededor de la producción, comercialización y exportación de la piña orgánica”, menciona el recurso.
De acuerdo con la Defensoría, con esta tecnología se garantiza que el producto que egresa del país cuenta con las condiciones y certificaciones de técnicas efectuadas dentro de la producción.
Como parte de lo que solicita la institución, se encuentra la asignación de contenido presupuestario permanente, la implementación de contratación administrativa y la atención técnica, contratación, designación y capacitación de personal para el manejo adecuado del equipo y sistemas tecnológicos.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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