El Fondo Especial de Educación Superior (FEES), creado para financiar la educación superior del país, ha sido una vez más causa de fuerte polémica y enfrentamiento civil, culminando en la suspensión de clases de al menos dos universidades -Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Nacional (UNA)- y la toma de varios edificios y sedes universitarias por parte de estudiantes, apoyados por personal docente y administrativo desde el pasado jueves 17 de octubre.
El día de hoy, más de 5,000 estudiantes y miembros de las cinco universidades estatales (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN) marcharon a Casa Presidencial a reclamar el desvío de ¢70,000 millones del FEES que serían reclasificados como presupuesto para infraestructura, rubro que de acuerdo con las universidades, ya estaba cubierto y causaría un déficit presupuestario en áreas como investigación, funcionamiento diario, salarios y becas, llevando incluso a un cierre técnico de las casas de enseñanza.
Las cinco casas de enseñanza suspendieron lecciones y evaluaciones para permitirle a los estudiantes y funcionarios manifestarse.
Según el Ministerio de Hacienda, el acuerdo presupuestario llevado a cabo con las universidades en julio de este año dejaba estipulado que un 13,6% (¢70,000 millones) del presupuesto total del FEES sería clasificado como gasto de capital y tendría que ser utilizado en mejoras de infraestructura.
Sin embargo, la UCR y la UNA afirman que dicha interpretación se dio unilateralmente por parte del Ministerio de Hacienda y que el acuerdo original estipulaba que los fondos provendrían del presupuesto total de las universidades. Henning Jensen, rector de la UCR, afirmó en un Consejo de Rectoría ampliado el día ayer que el origen de los recursos se discutió de forma “abierta” y que la omisión de dicha conversación por parte de Hacienda fue un “acto absolutamente discutible”.
Estudiantes consideran “ver a lo interno”
“Sin educación pública leemos como rectores”, así lee el letrero del estudiante Koren Castillo, quien como muchos, ha utilizado la marcha para manifestarse en contra del gobierno y autoridades universitarias por igual.
ADiariocr.com entrevistó a estudiantes marchantes para que dieran su opinión acerca del financiamiento de las universidades públicas y posibles soluciones para hacerlo sostenible en el futuro. El presupuesto del FEES para el 2019 fue aprobado en ¢511,154 millones, excluyendo el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional, pero dicho acuerdo recibió reajustes posteriores a su aprobación.
Para Daniela Solís, estudiante de derecho de la UCR, la opción más clara es dejar de condicionar el presupuesto del FEES, pues opina que el gobierno no debería poner límites a la gestión universitaria en cuanto a sus finanzas: “Venir a condicionar, es venir a limitar el acceso de muchos estudiantes a estos recursos que son para la educación pública”.
Solís, que también es psicóloga graduada, añade que una mejor opción es desarrollar movimientos a lo interno de las instituciones que busquen una mejor redistribución de recursos en aras de obtener una mayor equidad. No obstante, también aclara que no todos los profesores ganan millones de colones y que muchos han obtenido dichos salarios a cambio de su contribución con el desarrollo nacional.
“Sí es una minoría, entonces no es como los medios usualmente lo presentan, (…) también hay alguna gente que ha trabajo por eso y ha trabajado durante muchos años en aportar en distintas áreas al país”, señala la estudiante.
Por su lado, Moisés Fernández, estudiante de ingeniería en sistemas de información de la UNA, expresa que “hace falta ver a lo interno” y que muchas veces las universidades desperdician sus presupuestos en rubros que no valen la pena.
Para Fernández, la clave es priorizar los recursos que se tengan e invertirlos de manera que beneficien a la población estudiantil, incluso en temas de infraestructura: “En la Universidad Nacional tenemos tres complejos de residencias estudiantiles, pero el año pasado se cerró uno por la condición tan mala en la que estaba, entonces hay que priorizar”.
Leyner Borbón estudia ingeniería en biotecnología en el Instituto tecnológico de Costa Rica (TEC) y opina que si bien se ha venido dando un diálogo paralelo con respecto al funcionamiento universitario, éste no es momento para tratar temas de reajustes internos, sino que se deben enfocar esfuerzos en detener la reclasificación presupuestaria del FEES: “Es una discusión que hay que tener, sin embargo, ahorita a como están las cosas debe mantenerse la prioridad de que no haya recorte”.
Borbón destaca que dicho reajuste afectará a instituciones enfocadas en la investigación como el TEC y que reducirá su capacidad productiva, afectando el desarrollo de proyectos y a sus beneficiarios.
Superávit para Infrastructura
De acuerdo con la UCR, los presupuestos de construcción para proyectos de infraestructura en las universidades públicas usualmente terminan dentro del rubro de presupuestos no ejecutados o superávit ya que la gran mayoría no logran completarse en el periodo de un año. De acuerdo con Jensen, sólo la UCR maneja un superávit de ¢75.000 millones en infraestructura.
Debido a esta particularidad, las universidades tienen la capacidad de presupuestar una inversión de capital de ¢70.000 millones tomando en cuenta estos presupuestos ya establecidos en el superávit. “Nuestros presupuestos, entre las cinco universidades, superamos en mucho la inversión en capital de ¢70.000 millones”, confirma Jensen.
El problema está cuando Hacienda indica que dicho monto debe desembolsarse del FEES, el cual representa, en promedio, el 80% del presupuesto de las universidades y una de las mayores fuentes para el gasto corriente de los centros de enseñanza: salarios, becas, acción social, investigación y labores de función diaria.
De acuerdo con la UNA, reajustar el FEES, que representa un 83% de su presupuesto, representaría una pérdida de gasto operativo por una cantidad de ¢16.380 millones y afectaría salarios, becas, investigación y servicios estudiantiles.
Hacienda por su parte, declaró que dicha resolución no se tomó de manera arbitraria y que había quedado constatada en los acuerdos con las universidades, las cuales cuentan con formas alternativas de financiamiento.
“Además de los ingresos del FEES, las universidades públicas cuentan con varias fuentes de financiamiento, por lo que los recursos que fueron clasificados como transferencia de capital dentro del presupuesto nacional, liberan otros que podrán utilizarse para cubrir becas, salarios e investigaciones”, señaló el Viceministro de Hacienda, Rodolfo Cordero.
Hacienda también aclaró que los gastos corrientes que se encuentren asociados a un proyecto específico, también podrían utilizarse como gasto de capital.
Salarios excesivos
De acuerdo con datos de la Vicerrectoría de Administración de la UCR presentados por el Frente Autónomo InterU, casi la mitad de los funcionarios ganan entre un millón y 4 millones de colones. Muchas de estas remuneraciones gozan de diferentes pluses salariales como anualidades, dedicación exclusiva y prohibición, entre otras.
De acuerdo con el informe de Creación de Valor Público del 2018 de la Contraloría General de la República (CGR), el crecimiento de las remuneraciones totales de las universidades públicas siguió una tendencia sobre la inflación interanual de casi 3 puntos porcentuales, es decir, que aumentaban más que el precio de la vida y los servicios.
Los incentivos salariales de los funcionarios universitarios también crecieron: “Dentro de este contexto, los incentivos salariales pasaron de 46,29% del total de remuneraciones en el año 2013 a 48,49% en el año 2017, mientras las remuneraciones básicas variaron de un 34,91% a un 32,32% del rubro en mención en el mismo periodo”.
Durante la tarde, el grupo de rectores universitarios y federaciones estudiantiles empezaron el diálogo con casa presidencial y el Presidente Carlos Alvarado. Éste afirmó por medio de su cuenta de twitter: “Sé que a través del diálogo, siguiendo la vía costarricense, lo lograremos”.
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