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Informe de la Contraloría pide mejorar gestión y eficiencia a entes públicos

Más del 50% de las instituciones auditadas no superaron el 70, la nota mínima

Contraloría General de la República.

De acuerdo con el Informe Institucional de Cumplimiento de la Contraloría General de la República (CGR), el Banco de Costa Rica (BCR), la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) son las instituciones con las calificaciones más bajas en tres indicadores clave: eficiencia, eficacia y gestión. 

En su segunda edición, este informe tiene como objetivo mostrar el avance de las instituciones públicas del país con respecto a las disposiciones y recomendaciones realizadas por la Contraloría en sus respectivos informes de auditoría. Esta edición en particular tomó en cuenta los informes emitidos entre el 2017 y 2018. 

En total, se incluyeron a 124 instituciones dentro del índice de cumplimiento de disposiciones para el 2019, el cual tuvo una calificación promedio de 70. 

Según el informe, “un 45% (de las instituciones) logró mejorar la calificación respecto del año 2018, lo cual denota avances en la gestión institucional respecto del año 2018, cuyo efecto esperado ha de traducirse en la generación de resultados en procura de un mejor servicio a la ciudadanía”. 

Entre las 10 instituciones con mayor avance se encuentran el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo Nacional de Concesiones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Universidad Nacional. 

Acciones de mejora tardías 

No obstante, la calificación promedio presentó una disminución de 5 puntos en comparación con la del 2018, principalmente por el bajo desempeño en los indicadores de eficiencia y gestión, los cuales presentaron una disminución de 11 y 12 puntos, respectivamente. 

De acuerdo con la CGR, los resultados revelan las dificultades que enfrentan las instituciones públicas a la hora de priorizar y ejecutar de forma oportuna las acciones a mejorar esperadas

Para efectos del informe, el porcentaje de eficiencia se obtiene comparando el plazo total empleado por la institución, con el plazo previsto por la CGR y validado con la administración. En cuanto a gestión, se obtiene observando la normativa aplicada en el proceso de seguimiento.

De acuerdo con la CGR, más de la mitad de instituciones auditadas no cumplieron con la nota mínima de 70 puntos en estos dos indicadores, lo que significa que deben tomar “acciones inmediatas” para corregir lo previamente señalado en sus informes de auditoría respectivos.

Instituciones peor calificadas 

Foto tomada de Wikimedia Commons

La CGR ordenó las instituciones en 4 categorías básicas (A-B-C-D) de acuerdo con su complejidad organizativa y al número de disposiciones emitidas en los informes de auditoría. Dentro de estas categorías, el Banco de Costa Rica (A), la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (B), la Secretaría Técnica Nacional de Ambiente (C) y el Servicio Fitosanitario del Estado (D) recibieron las calificaciones más bajas, sin tomar en cuenta gobiernos locales y comités cantonales de deportes.  

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El Banco de Costa Rica recibió un 51 de calificación promedio, con los tres indicadores de eficacia, eficiencia y gestión por debajo de la nota mínima de 70 puntos. En total, la CGR revisó 10 disposiciones a lo largo de 4 informes de auditoría. 

Los señalamientos con menor avance (5%) se vinculan con el rol del banco como ente fiduciario de proyectos como la planta hidroeléctrica Toro 3 y la planta térmica Garabito en donde se destacan falta de precisión en la información contable y una mala clasificación del fideicomiso. 

La Aresep recibió un 48 y ninguno de los tres indicadores superaron el mínimo de 70 puntos, su avance más lento se relaciona un informe de auditoría sobre la asignación de fuentes de energía. En éste se le indicó a la entidad que debía encontrar una metodología tarifaria que le permita al instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cobrar a cada empresa distribuidora servicios de respaldo energético, medida que le permitiría suplir faltantes energéticas sin afectar las tarifas del usuario. 

En el informe se destaca que el modelo nacional de producción de energía eléctrica es distorsionado y que si bien, toma en cuenta objetivos ambientales dentro de su expansión energética, no hace un balance económico pertinente, pues el tipo de fuente seleccionada para la generación obliga a contar con una mayor capacidad instalada, elevando el costo del usuario. 

El Setena recibe una nota de 41 y tampoco logra superar la nota mínima en ninguno de los indicadores, dichos resultados se relacionan con su falta de avance a la hora de implementar un nuevo reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica, política establecida por medio de decreto ejecutivo hace 13 años para medir los impactos ambientales de proyectos potenciales,  pero que no ha tenido los resultados esperados. 

De acuerdo con el informe de la CGR, el estado carece de las orientaciones estratégicas y normativas que permitan su aplicación, permitiendo que iniciativas relevantes cuenten con implicaciones ambientales significativas, poniendo en riesgo el modelo de desarrollo sostenible del país. Aparte de formular un nuevo reglamento y redireccionar el enfoque de dicha evaluación, la CGR llama a actualizar requisitos para la recepción de información de forma digital. 

Por último, el Servicio Fitosanitario del Estado obtuvo un 52 y sólo superó la nota mínima de 70 en cuanto a gestión. Se desempeño está relacionado con la mala inspección y control de inocuidad química en alimentos y cultivos en el país. De acuerdo con la CGR, la inspección del SFE es insuficiente ya que existe gran una gran parte de productos que no son muestreados y de los que sí son muestreados, un 15,3% presentan residuos de agroquímicos. También, centros como mercados municipales y ferias del agricultor tampoco son fiscalizadas. 

La CGR recomendó crear y aplicar un nuevo método de inspección para mejorar la detección de agroquímicos en productos vegetales. 

Como reseña final, la contraloría espera que el índice de cumplimiento le permite a los diversos actores involucrados activar mecanismos de rendición de cuentas y conllevar iniciativas que que promuevan la transparencia y el fortalecimiento de la gestión pública. 

aDiariocr.com buscó la reacción de las instituciones mencionadas, pero a la fecha de cierre de esta nota no recibimos respuesta. 

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Acerca del autor Esteban Hidalgo Pena

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