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Demandan penalmente a autoridades del MEP por violar ley que protege datos personales

Ministra y Viceministra de Educación renunciaron en medio de críticas sobre pruebas FARO aplicadas a niños 5º grado

La representante de la agrupación Mujeres en lucha social, Rocío Ramírez, junto con otros padres y madres de familia, presentaron una demanda penal y la solicitud de medidas cautelares contra las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del Consejo Superior de Educación por violar la Ley de protección de datos.

El principal motivo de la demanda es el documento “Cuestionario de factores asociados” incluido en las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) que realizaron estudiantes de primaria la semana pasada, cuyas preguntas abarcaron datos sensibles relacionados con la condición socioeconómica de los estudiantes y sus familias.

Algunas de estas preguntas fueron: tipo de vivienda en donde habitan, material de la casa, con cuáles electrodomésticos cuentan, si tienen vehículos y de cuáles marcas. También se les preguntó si sus padres de familia los alentaban, acompañaban, motivaban y escuchaban.

Los demandantes explicaron: “Los datos tienen protección constitucional al tratarse del derecho a la autodeterminación informativa, en clara infracción a los derechos fundamentales de las personas menores de edad al ejecutarse acciones en detrimento del interés superior del menor, tomando ventaja indebida de su condición de vulnerabilidad y minoridad, violentando de esa forma la Constitución Política en su artículo 24 y además la violación de la ley 8.968 Protección de la persona frente a sus datos personales”.

En el documento se indica: los miembros del Consejo Superior de Educación, la ministra de Educación hasta este domingo 14 de noviembre, Guiselle Cruz, el director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad Humana del MEP, Pablo Mena, la ex viceministra de Educación Melania Brenes, el exviceministro y ministro de Educación a partir de hoy, Steven González, no pueden alegar ignorancia de lo ocurrido porque sus puestos conllevan el deber de vigilancia.

Guiselle Cruz, exministra de Educación

Mena, al estar a cargo de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad Humana, le correspondía establecer los procedimientos de seguridad para garantizar la transparencia, validez y confiabilidad del proceso de los resultados; nombrar delegados, integrar tribunales de especialistas en las asignaturas a evaluar, entre otros.

Asimismo, por su calidad de jerarcas, Cruz, Brenes y Bolaños, eran conocedores de las actividades que se llevaban a cabo desde la Dirección. “Solicitamos que se investigue a la exministra y viceministros acusados, por su participación en la confección, revisión y puesta en práctica de las pruebas FARO”, dice la demanda.

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Los litigantes hicieron énfasis en que los formularios no eran anónimos, pues cada hoja de respuesta tenía el nombre y número de identificación de los menores. Así como también, que los artículos 24 de la Constitución Política y 196 bis de la Ley de Protección de Datos indican que la información que invada la intimidad de las personas requiere de autorización de los encargados de los menores de edad, por lo que el MEP omitió el deber de la solicitud de consentimiento informado.

El MEP informó que entregará al Tribunal Contencioso Administrativo los cuestionarios, donde serán custodiados de forma confidencial.

Sustituto de exministra fue dos años viceministro y fue cuestionado por la PGR

Las renuncias de Cruz -a partir de este lunes 15 de noviembre- y de Brenes, se dieron en medio de una serie de críticas por el contenido de las pruebas FARO y fueron aceptadas por el presidente Carlos Alvarado, quien designó a Steven González como ministro de Educación.

El administrador de empresas se desempeñó durante dos años y medio como viceministro de Educación. Su nombramiento aún está pendiente, así como los de las demás personas que ocuparán los viceministerios Académico y Administrativo.

Según el MEP, ayer domingo se giró una instrucción para que el material de las pruebas ya aplicadas se traslade, sin abrirlo, a las Direcciones Regionales. Estas deberán dar la opción de recuperar el documento a los representantes legales de cada estudiante que llenó el cuestionario.

Según informó Diario Extra en mayo de 2019, González fue cuestionado por la Procuraduría General de la República (PGR) cuando asumió la dirección de Recursos Humanos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), del 22 de junio al 22 de diciembre de 2018, por no contar con los requisitos necesarios.

En el informe AEP-AR-6-2018 se indicó que el Manual Descriptivo de Puestos de Recope establece que para asumir ese cargo, se requiere de cinco años de experiencia y el nuevo ministro de Educación solamente contaba con tres. La PGR recomendó revisar todo nombramiento que pudo realizar González cuando estuvo en Recope laborando como asesor de la presidencia ejecutiva y como director de Recursos Humanos.

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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