crucitas

La Sala Constitucional le ordenó tomar medidas urgentes para enfrentar la minería en Crucitas al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La Sala IV ordenó al Ministro de Seguridad Pública, a:

Mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial... y reforzar el control migratorio en los puntos fronterizos requeridos para impedir el ingreso ilegal de personas.”

Y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a:

Continuar con el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas mientras permanezca el riesgo latente de contaminación por la minería ilegal en la zona de Crucitas.... y a adoptar las medidas necesarias a fin de que, en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el “Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro.”

Además, obligó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al de Presidencia a:

De manera inmediata adoptar las medidas pertinentes para que en un plazo improrrogable de tres meses remitan un plan detallado de las acciones que va a emprender cada una de las instituciones que integren la Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas.

Añade solicitó al Ministerio de Salud y al AyA a:

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...verificar que cada órgano integrante de esa comisión determine, de acuerdo con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente les corresponde ejecutar, dentro de un plan único que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta.”

El magistrado, Paul Rueda, expresó:

Sin lugar a dudas, la problemática ambiental y sanitaria provocada por la minería ilegal en Crucitas es muy grave y debe ser atendida de manera más eficiente y efectiva. Tal situación ha provocado daños ambientales irreparables o de muy difícil reparación, contaminación de fuentes hídricas, pérdida de diversidad entre otros.”

Según se explicó la Sala Constitucional, mediante comunicado, el alegato “reprocha las omisiones sistemáticas y reiteradas de las autoridades recurridas frente a la minería ilegal en Crucitas”, pues las instituciones involucradas “han incumplido sus deberes constitucionales y legales de protección de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la seguridad pública y al acceso al agua potable”.

Ministerio de Salud responde al caso de Crucitas

La Ministra de Salud, Dra. Mary Munive, aseguró que la reciente resolución de la Sala Constitucional sobre Crucitas no impone nuevas obligaciones al Ministerio de Salud. Más bien, reconoce y respalda ahora con carácter judicial las acciones que esta institución ha venido ejecutando de manera responsable y sostenida dentro de sus competencias.

Desde hace años, el Ministerio ha estado en el territorio: vigilando la calidad del agua, garantizando el abastecimiento mediante camiones cisterna, supervisando las tanquetas y atendiendo denuncias, siempre en coordinación con otras instituciones del Estado. Es decir, el trabajo no empieza hoy, ni responde a una orden judicial: ya se estaba haciendo.

Pero este fallo también deja algo claro: el país no puede seguir atendiendo esta problemática únicamente con medidas paliativas. Hoy estamos destinando importantes recursos públicos para sostener una situación que no tiene una solución de fondo.

Por eso, este es un llamado directo a la Asamblea Legislativa: es momento de actuar. El proyecto de ley 24.717, presentado por el Poder Ejecutivo, representa una oportunidad concreta para darle una salida estructural y definitiva a Crucitas.

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