Costa Rica fue sede en 2018 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como pacto de Escazú.
Mañana, 22 de abril, entra a regir el acuerdo que pretende el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano y garantizar el acceso a la información, que está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe y que cuenta con disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en materia ambiental.
Sin embargo, el país aún no ha dado su respaldo. Los diputados definirán si Costa Rica ratifica o no el pacto, a través de la votación del expediente 21.245.
Socialcristianos y Nueva República en contra del proyecto
Para la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Costa Rica tendrá un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica para la atracción de inversiones al ratificar el pacto.
Otras fracciones como la de Nueva República y Unidad Social Cristiana, se oponen al proyecto. “Consideramos que este acuerdo tiene roces constitucionales y varias contradicciones con la legislación nacional. Nos preocupa enormemente las implicaciones negativas que generaría al sector productivo y a la generación de empleo”, indicó la fracción socialcristiana.
Añadieron que son conscientes de la necesidad de cooperar con organismos en la búsqueda de acciones que protejan el ambiente, “como los que ya tiene nuestro país”.
Por su parte, Nueva República decidió votar en contra del Pacto de Escazú porque “no corresponde con los esfuerzos de nuestra agrupación para promover la reactivación económica y porque lesiona al sector productivo costarricense”.
UCCAEP asegura que acuerdo no va con la seguridad jurídica de las empresas
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) aseguró que el Acuerdo de Escazú va en contra de la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica.
José Álvaro Jenkins, presidente de la UCCAEP, puntualizó algunas preocupaciones con respecto a esta iniciativa, entre ellas que se crearía un mecanismo inadecuado de participación del público en los procesos de toma de decisiones, “por lo que eso habilita un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizados”.
También señaló que no incorpora innovación a lo ya establecido en Costa Rica y que posee definiciones ambiguas como la de “autoridad competente” a organizaciones privadas.
“Hoy, cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, añadió Jenkins.
La inauguración del acto de entrada en vigor del acuerdo, estará a cargo de la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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