Las instituciones del Estado deberán aprovechar las soluciones tecnológicas de las que ya dispongan, o buscar alternativas adecuadas que sean lo más costo-eficientes posible. Así lo estableció el Gobierno por medio de la directriz “Mejoras en la eficiencia del gasto público mediante el uso adecuado de tecnologías digitales en el sector público costarricense” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de Hacienda.
Con esta directriz, las instituciones deberán tomar las medidas técnicas y financieras necesarias que les permitan planificar, concretar e implementar soluciones de índole tecnológica acordes con la realidad nacional. También se instruye a no iniciar nuevos procesos de construcción de centros de datos o “datacenters”, es decir, las instituciones deberán conservar sus datos en su propia infraestructura o bien analizar opciones que existen en el mercado a un menor costo. También se les permitirá suscribir convenios interinstitucionales de cooperación para suplir tales necesidades.
En el caso de los procesos de contratación ya iniciados, que se encuentren sin adjudicar o bien que aún no estén en etapa de ejecución y construcción, los jerarcas deberán efectuar una revisión de lo actuado, para determinar si en el caso concreto, la ejecución del acto administrativo resulta acorde a los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad y conveniencia.
El ente encargado de dar seguimiento a esta directriz es el MICITT. Para Luis Adrián Salazar, Ministro del ramo, “con esta directriz esperamos que exista mayor transparencia y eficiencia en los recursos que ya tenemos a nivel tecnológico en el Estado, no queremos entrar en una construcción masiva de infraestructura de tecnología de información si ya hay empresas que lo tienen en el mercado. Creemos que la manera más eficiente en cuanto a contención del gasto es aprovechar los recursos existentes. El tema de tecnología no debe ser un gasto, debe ser una inversión “.
Con esta directriz se pretende que el Estado costarricense utilice las tecnologías digitales y las oportunidades de la gobernanza digital bajo los principios de eficiencia en el uso de los recursos públicos y la efectividad en su implementación.
El objetivo es propiciar la mejora en los servicios e incentivar la democratización de las herramientas tecnológicas y sus beneficios en la ciudadanía.
Además, la situación fiscal del país debe de ser tomada en consideración, como un elemento determinante a valorar en la decisión de inversión y gasto de la Administración Pública.
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