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Advierten afectación que generaría proyecto de alfabetización digital

Informáticos y Contraloría señalan que la iniciativa aumentaría la burocracia y la complejidad de la estructura del Estado

El proyecto de ley sobre alfabetización digital ha sido definido por muchos como la medida más efectiva para solucionar la brecha de acceso y uso de las tecnologías que viven los estudiantes del país.

Por ejemplo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, expuso el mes pasado a través de un oficio, que más de 436.000 estudiantes no cuentan con conexión a Internet en sus casas, y 322.000 no tienen acceso a equipo tecnológico en sus hogares.

“La iniciativa de ley permitirá utilizar los recursos económicos con los que ya cuenta el Estado costarricense, para incorporar y fomentar la alfabetización digital como parte del régimen de garantías fundamentales, incluidas en el título II de la Ley General de Telecomunicaciones. Así se brindará conectividad ágil y eficiente”, mencionó el mandatario.

Yorleny León, diputada liberacionista, también hizo un llamado para que esta iniciativa avance. “Con esta propuesta daremos el primer paso en la dirección correcta, para brindarle a todas las personas las mismas oportunidades, sin importar su condición socioeconómica o donde se encuentren en el territorio nacional”, manifestó la legisladora.

Alertan sobre aumento de burocracia y complejidad de estructura del Estado

A pesar del apoyo que ha recibido la propuesta, en un documento entregado por la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa, donde indica su criterio respecto a la iniciativa, señala la probabilidad de que “incremente el aparato burocrático que participa en el proceso de planificación y ejecución de proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad”.

La institución advierte que podría repercutir de manera negativa en la ejecución oportuna de los objetivos señalados en la Ley General de Telecomunicaciones que está vigente.

El Colegio de Profesionales de Información y Computación (CPIC) no apoya la propuesta, porque el texto sustitutivo del proyecto contiene modificaciones sobre la asignación, la administración de recursos de FONATEL y la creación de un programa de educación relacionado con la alfabetización digital, con lo que se le estaría trasladando gran parte de los recursos del Fondo al MEP y al MICITT

Además, hace énfasis en que “el proyecto establece modificaciones que hacen más compleja la actual estructura del Estado, dado que cambia las funciones y los responsables de ejecutar los mecanismos de financiamiento, asignación, administración y control de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio y solidaridad contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones, lo que redunda en el debilitamiento del control sobre los recursos de FONATEL”.

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La institución no considera conveniente que un programa específico de educación sea incluido en la Ley General de Telecomunicaciones, que regula aspectos técnicos.

Según comentó Yenory Rojas, presidente del CPIC, lo correspondiente es que un programa de este tipo se coordine mediante los instrumentos contenidos en dicha ley y en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT), lo que además, evitaría la rigidez de legislativa cada vez que el Poder Ejecutivo requiera modificar el programa.

Otra de las preocupaciones del Colegio es que este proyecto de ley le otorga potestades al MICITT sobre aspectos técnicos para los que la Ley General de Telecomunicaciones creó a SUTEL, “erosionando las capacidades técnicas de esa superintendencia al supeditarlas a órganos políticos, entre ellos por ejemplo, la de establecer la tasa parafiscal que se aplicaría a los operadores de telecomunicaciones”.

SUTEL deberá garantizar que los operadores cumplan con lo establecido en la iniciativa

El proyecto propone que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), garantice que los operadores y proveedores del servicio de telecomunicaciones cumplan lo establecido en la iniciativa, como: promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad mediante redes que permitan su adecuada prestación de manera oportuna, a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales.

Asimismo, tendrá que reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades y fomentar la alfabetización digital para que las personas puedan adquirir conocimientos y habilidades en el uso de dispositivos, programas, programación, entre otros.

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y por medio del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, será el encargado de establecer metas, prioridades y proyectos para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio, solidaridad y alfabetización.

Los proyectos del Programa Nacional de Alfabetización Digital (PNAD) estarán a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP). También se plantea que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) funcione como un instrumento de administración de recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal.

Con respecto a su financiamiento, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) se encargará de brindar los recursos económicos. El MICITT considerará la sostenibilidad de los programas de Fondo al momento de avalar los proyectos del PNAD.

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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