En Costa Rica cada persona que salga del país a través de algún puesto fronterizo terrestre, debe pagar $5, y si exporta alguna mercancía, $25 por cada trámite aduanero.
Con esos recursos, según la Contraloría General de la República (CGR), se podría crear infraestructura apropiada para los puestos ubicados en cada frontera del país; asimismo, se pondrían en funcionamiento mecanismos de facilitación tributaria, aduanera, migratoria, de sanidad y seguridad.
Sin embargo, el área de Administración Financiera de la institución, determinó a través de una auditoría sobre la eficacia en la administración de los recursos provenientes de los impuestos de salida terrestre de personas y mercancías, que del 2015 al 2018 solo se ejecutó un 51,3% del presupuesto transferido.
En el caso de este 2019, la Contraloría informó que solo un 11,2% de los recursos presupuestados se ejecutó en los primeros tres trimestres del año.
Para Julissa Sáenz, Gerente de área Sistema de Administración Financiera de la CGR, la falta de ejecución está alejada de las buenas prácticas de presupuestación pública y además, no es acorde con la necesidad que presentan estos puestos.
“El 50% de estos recursos deben ser invertidos en los puestos fronterizos, que son espacios donde se debe garantizar la facilitación de comercio y el tránsito ágil de personas y mercancías”, explicó Sáenz.
Durante el periodo 2013-2019, se recaudó en cinco puestos fronterizos ₡22.993 millones.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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