Entre octubre del 2016 y diciembre del 2019, las sustracciones de combustible por parte del crimen organizado fueron de 15.000 metros cúbicos, es decir, alrededor de ₡8.000 millones.
El llamado huachicoleo o robo de combustible mediante extracción en el poliducto no solo implica pérdidas millonarias sino también un enorme peligro para los vecinos pues se contaminan las aguas y podría darse una explosión en cualquier momento.
Para atender a la brevedad posible estas situaciones, tanto el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), como la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) realizan trabajos que por lo general conllevan mucho tiempo y dinero.
En el caso de RECOPE, los arreglos por robo de combustible le implican más de ₡1.537 millones, como lo registraron en 2017; mientras que para el AyA, el gasto supera los ₡30 millones y “se debe contar también los más de 18 millones que se dejan de facturar en promedio, con cada caso de estos”, explicó Natalie Montiel, Subgerente de Sistemas Periféricos de AyA.
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Para recuperar la pérdida
Como parte de las acciones que realizó RECOPE para recuperar las pérdidas, en el 2018 la institución optó por incluir el hurto de combustible como una partida de la cuenta de “Otros gastos” del Estado de Resultados.
Esta elección se tomó según el Departamento de Comunicación de RECOPE, como una medida ante el anuncio que hizo el Instituto Nacional de Seguros (INS) en el 2017, en el que indicó que a partir de la renovación de la póliza de julio del 2018 a julio del 2019, no cubriría el robo de combustible dentro de la póliza de seguros, por no ser de índole accidental.
Desde marzo del año anterior RECOPE presentó en su estudio de precios ordinarios una solicitud para incluir en el precio de los combustibles, un porcentaje que se destinara a pagar la sustracción ilegal, es decir, que los usuarios pagaran las sustracciones.
Sin embargo, según comentó Max Umaña, gerente general de RECOPE, “hasta la fecha nunca se ha cobrado este tipo de situaciones. La ARESEP nos pidió ciertas condiciones que esperamos estén listas en marzo, cuando se de el estudio ordinario de precios”.
Agregó que no incluirán en la petición una cifra exacta, sino que se centrarán en que reconozcan la afectación por casos que se pueden presentar en el futuro.
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Diputados dictaminaron proyecto para sancionar robo de combustible
Precisamente esta semana, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó el proyecto de ley que sanciona el robo de combustible del poliducto de RECOPE, así como también la importación ilegal de hidrocarburos.
La diputada Paola Vega, presidenta del foro, indicó que esta iniciativa se hace necesaria ante el arlamante incremento de sustracciones e importaciones ilegales de los últimos años.
“RECOPE registra pérdidas millonarias por robo de combustibles y daños graves en su infraestructura. Sin embargo, carecemos en nuestro ordenamiento jurídico de legislación que combata de manera específica tal actividad ilegal. Por eso, este proyecto es de carácter urgente y esperamos su pronta aprobación en el Plenario Legislativo”, detalló Vega.
De acuerdo con la legisladora, se establecen también agravantes cuando alguno de esos delitos sea cometido por un funcionario público o que cause daños ambientales.
“El robo de combustible es un tema de seguridad nacional, pues mucho de los hidrocarburos sustraídos terminan utilizándose para financiar actividades delictivas como el narcotráfico o el crimen organizado”, concluyó la legisladora.
El proyecto comtempla nuevos delitos con distintos tipos de penas:
Posibles soluciones
En el caso del AyA, están valorando proyectos para perforar pozos en las zonas donde comúnmente se dan este tipo de situaciones; así, complementarían el abastecimiento actual. Montiel aseguró que los planes de seguridad del agua para gestionar los riesgos sistemáticamente están avanzando.
La Refinadora aún mantiene su plan de conformar una Policiía del Poliducto, así como el de fortalecer y ampliar las coordinaciones con las autoridades externas como el Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública, OIJ, Fiscalías, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, entre otros.
Así como Costa Rica, otros países también tienen esta problemática. En México por ejemplo, más de 130 personas murieron en 2019 a causa de una explosión en un ducto de Pemex en Hidalgo.
Según el experto en trazabilidad de combustible, el mexicano Luis González, el huachicoleo se puede evitar con la añadidura de moléculas de alta tecnología a los combustibles, para que a lo largo del proceso y ya en puntos de venta, se pueda identificar y reconocer si el producto es lícito o robado. De esta forma la policía fiscal puede solicitar en cualquier estación o embarcación o medio de transporte una prueba de gasolina y ver si es robada y caer con todo el peso de la ley.
González aseguró que la trazabilidad de combustible brinda a los gobiernos la certeza de conocer si el combustible es robado, si pagó los impuestos, y de esta forma evitar que se siga vendiendo combustible robado.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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