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Pueblos indígenas acusan al Gobierno de abandono

Última víctima mortal de los enfrentamientos por estas tierras fue el dirigente indígena Brörán de Térraba Jerhy Rivera

Fuente: UNFPA Costa Rica

La Ley Indígena 6172, de 1977, dicta que “las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas”.

Desde antes de esa fecha y hasta la actualidad, las tierras indígenas del país (24) han sido motivo de conflictos. La última víctima mortal de estos enfrentamientos fue el dirigente indígena Brörán de Térraba, Jerhy Rivera, quien fue asesinado el pasado lunes durante una discusión con finqueros.

A raíz de la situación y del aumento de la violencia en sus territorios, los pueblos indígenas Brörán de Térraba y Bribri de Salitre, reclamaron el abandono del Gobierno y desprotección que tienen.

“El Gobierno solo permite que esto suceda a sus pueblos indígenas. Ningún otro ciudadano en Costa Rica sufre este tipo de violencia sin control”, externaron a través de un comunicado.

También denunciaron al Estado, “en su complicidad con el asesinato, al no acatar las medidas cautelares interpuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas a las que son sujeros los pueblos Brorán de Térraba y Bribri de Salitre”.

Autoridades internacionales fueron alertadas sobre situación

La CIDH fue alertada sobre la situación que viven estos territorios, a través de un informe enviado por la Defensoría de los Habitantes. En el documento se habla sobre los espacios generados por el Gobierno de la República para el diálogo, y sus pocos resultados positivos.

Además, la institución costarricense hizo un llamado al Estado, para que lidere de manera inmediata y efectiva acciones que logren atender el conflicto por tierras.

“Condenamos enérgicamente el asesinato del dirigente indígena Rivera y exhortamos a las autoridades a tomar las medidas necesarias que permitan dar con los responsables de este lamentable hecho”, comunicó la Defensoría.

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Esfuerzos son pocos y sin resultados

En junio del 2019, el Estado anunció dos desalojos, sin embargo, según la Defensoría lo que hizo fue poner en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre, dos fincas que ya habían sido recuperadas por indígenas que utilizaros sus propios medios y tomaron el riesgo.

Desde esa fecha no ha realizado ningún otro desalojo, ni se han resuelto los procesos agrarios pendientes.

El no encontrar aún a los culpables de la muerte de Sergio Rojas, líder bribri quien este marzo cumple un año de haber sido asesinado a balazos en su casa, es otra de las inacciones del Gobierno por proteger a los habitantes de estas zonas.

“Salitre y Térraba son lugares donde persiste un ambiente de inseguridad, donde personas indígenas de ambos territorios han denunciado amenazas en su contra. La cara visible del Estado en esas zonas sigue siendo la Fuerza Pública, quienes con limitados recursos realiza lo que está a su alcance desde esas condiciones, pero no son acciones suficientes”, externo la Defensoría.

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Acciones de seguridad y diálogo ya fueron desplegadas en Térraba

Las lecciones en los centros educativos del circuito 13 de Térraba fueron suspendidas como parte de las medidas preventivas que tomó el Gobierno ante la tensa situación en la comunidad.

Desplegar una fuerte presencia policial también fue una de las acciones que se adoptaron. “Ante situaciones vividas semanas anteriores y en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fuerza Pública cuenta con presencia permanente en la zona. Dicha acción permitió detener al sospechoso minutos después del hecho”, declaró el presidente Alvarado, en referencia a la muerte de Jerhy Rivera.

Tras los hechos ocurridos esta semana, se declaró de interés público el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI), que contará con un fondo económico de  ₡500 millones aprobados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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