Las personas trabajadoras de centros educativos investigados por actos de maltrato físico, emocional, agresión sexual, hostigamiento o acoso sexual, son trasladados a otro puesto temporalmente, o suspendidos del cargo.
Así lo establece el artículo 67 de la Ley 1581 del Estatuto del Servicio Civil, un artículo que el diputado socialcristiano, Leslye Bojorges, planteó reformar a través de un nuevo proyecto de ley.
Para el congresista, es necesario generar un sentido común a los procesos de traslado, ya que la ley no señala los términos de la suspensión o reubicación, por lo que considera necesario modificar la legislación para que no sean trasladados a puestos en otros centros educativos.
“Si una persona es investigada por maltrato físico, emocional, agresión sexual, hostigamiento o acoso sexual contra un estudiante menor de edad, es contraproducente que tenga interacción con otras personas alumnas menores de edad, mientras se lleva a cabo la investigación”, sostiene Bojorges.
Por esa razón, el diputado plantea en su iniciativa, reformar el artículo 67 para que en caso de reubicación, sea en un puesto administrativo cuyas funciones no conlleven atención o interacción constante con personas menores de edad, ni se encuentre dentro de un centro educativo de enseñanza preescolar, general, básica y diversificada.
En caso de aprobarse el proyecto, el acoso y hostigamiento sexual serían razones para la reubicación obligatoria como una medida cautelar durante la investigación.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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