El viernes, la comisión especial de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente y por unanimidad el expediente 21.546, la nueva Ley General de Contratación Pública, que además fue nombrada como una iniciativa legal relevante para el país, por los legisladores que conforman la comisión especial creada para el estudio de esta propuesta.
La iniciativa consiste en unificar todas las compras de las instituciones del Estado. De esta manera se simplificarían y agilizarían los procedimientos para la contratación administrativa.
Dentro de los principales ejes del proyecto, se encuentran: Control eficiente y proporcional, rectoría eficaz, transparencia y ética con una perspectiva transversal. Además de fomento de la competencia en la contratación pública y potencialización del uso de las tecnologías de información.
“Con esta ley se fortalecerá para todo el sector público la competencia, eficacia y transparencia, en el uso de los fondos públicos destinados a esta materia. Se puso énfasis en las buenas prácticas nacionales e internacionales en contratación administrativa”, afirmó Marta Acosta, Contralora General.
Iniciativa busca sancionar y eliminar contrataciones directas
Este proyecto sancionaría con multas las acciones que entorpezcan los procesos de contratación. Además eliminaría la contratación directa de obras, bienes y servicios por parte de instituciones del Estado.
También se pretende crear una autoridad de contratación pública en el Ministerio de Hacienda, que se encargaría de la creación del Plan Nacional de Compras Públicas.
“Este es un cambio de paradigma en las compras que mejorará la contención del gasto y mejorará una ley que se ha quedado rezagada. Los retos son muy grandes, el sistema unificado y el funcionamiento es todo un tema, así como la rectoría. Liderar este tema requiere no solo la voluntad política, sino también un cambio cultural de todos”, apuntó Acosta.
De aprobarse este proyecto, los oferentes y subcontratistas deberán rendir una única vez una declaración jurada donde se afirme que no se encuentran sujetos a ninguna prohibición establecida por la ley.
En el caso de los proveedores y subcontratistas, la Dirección de Contratación Pública será quien desarrolle un registro electrónico para la inscripción de personas físicas y jurídicas.
SICOP seguiría funcionando de cumplir con las condiciones que exige la ley
De acuerdo con la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), el proyecto habla sobre un sistema unificado de compras que prevé condiciones que la Dirección de Contratación del Ministerio de Hacienda tendrá que administrar de forma directa.
“Si se determina que SICOP reúne las condiciones que exige la ley, es posible que esa Dirección decida continuar con el uso de ese sistema para cumplir lo previsto en la nueva legislación”, indicó la División de Contratación Administrativa.
Se disminuirían las apelaciones
Durante el 2019, la CGR atendió 751 recursos de apelación, de los cuales un 54% fueron rechazados, 28% se declararon sin lugar, 8% se dictaminaron como parcialmente con lugar, 7% se declararon con lugar, 2% tuvo nulidad absoluta y un 1% de los casos se acogió la solicitud de desistimiento.
“El principal resultado de las gestiones de apelación fue el rechazo, que en su mayoría se resolvió dentro de los primeros 10 días hábiles del análisis de las respectivas gestiones. Esto quiere decir que en 407 casos se tuvo que esperar al menos 10 días para poder quedar firme la decisión de la Administración”, comentó el departamento de la CGR.
Añadió que esto genera costos y afecta la oportunidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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