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Redes sociales: libre expresión o anonimato injurioso

La aparición de las redes sociales cambió la manera en que compartimos y recibimos información. Estas plataformas permiten la libre expresión de una forma muy positiva ya que facilitan a la sociedad dar a conocer su opinión sobre cualquier tema.

No obstante, estos cambios en las tecnologías digitales introdujeron el anonimato, el cual puede ser un arma de doble filo; por un lado garantiza el derecho a la libre expresión sin miedo a represalias; pero también puede ser utilizado de manera inescrupulosa para publicar mensajes ofensivos o noticias falsas o difamatorias, sin que se pueda identificar a la fuente emisora.

Aunque Costa Rica cuenta con leyes que permiten castigar los delitos contra el honor cometidos en redes sociales, internet o medios de comunicación, el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN), Jonathan Prendas, presentó ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley “Protección del honor ante el abusivo uso de las agresiones en redes sociales”.

Esta iniciativa pretende incrementar en un 50% los días multa estipulados en el Código Penal para los delitos de difamación, injurias, calumnias y publicación de ofensas (artículos 145, 146, 157 y 152 del Código Penal), cuando estas se lleven a cabo mediante una red social.

“No puede ser posible que la libertad de expresión, se entienda como: voy a decir lo que me dé la gana y nadie me puede hacer responder judicialmente por esas expresiones”, manifestó Prendas al Plenario Legislativo. Según el diputado, el proyecto no afecta la libertad de expresión y no implica censura previa a la manifestación crítica que puedan tener los ciudadanos sobre la gestión pública o actividades privadas.

Para la Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Guiselle Boza, no es necesario incluir los cambios propuestos por el Diputado Prendas, ya que las leyes actuales también son aplicables a este tipo de delitos en el espacio digital.

“El espíritu del legislador, el cual se puede leer en la exposición de motivos del proyecto, es que se sancionen de manera más gravosa, precisamente por criticar a funcionarios públicos o a personas que se encuentran en puestos de elección popular y eso es muy grave en una sociedad democrática, porque uno de los discursos más protegidos en las democracias, son aquellos que tienden a escrutar, controlar o criticar el poder político”, afirmó Boza.

Sin embargo, aclaró que se puede hacer una distinción especial en el caso de los discursos que promuevan la violencia, el odio o la discriminación, acciones que estarían legitimadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Un caso concreto

En Costa Rica ya han existido casos resueltos bajo la vía judicial debido a delitos en redes sociales. Uno de ellos fue en 2015, cuando un empresario turrialbeño, fue sentenciado por ofender al periodista Josué Hernández, del medio Turrialba Digital.

En ese momento el periodista cubrió un suceso de un allegado al empresario, tres días después el imputado reprodujo una fotografía sin autorización de Hernández e hizo una publicación en Facebook donde lo llamó ‘payaso’ y descalificó su trabajo. Esta ridiculización se agravó cuando la publicación se viralizó en redes sociales.

El caso fue resuelto por el Tribunal Penal de Turrialba, el cual condenó al empresario por cometer un delito de difamación y lo obligó a pagar ¢80 mil como compensación. Si el proyecto de ley que propone Prendas se aprueba, por el mismo caso se pagaría ¢120,000.

Regulación en otros países

El caso de la ley alemana NetzDG, aprobada en 2017, es muy interesante pues castiga a las redes sociales que no eliminen los mensajes de odio. Esta ley aplica para plataformas como Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, Instagram y Google, las cuales tienen un máximo de 24 horas para eliminar el contenido luego de haber recibido el reporte de la agresión en la web.

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En caso de que la red social no tome cartas en el asunto, la empresa será multada por el Estado Alemán con 50 millones de Euros. Además, esta ley exige a las empresas entregar reportes anuales con detalles de los mensajes borrados y sus razones para hacerlo.

Por otro lado, en Colombia, el Centro Cibernético Policial recibe los reportes de los ciudadanos a través de la página www.caivirtual.policia.gov.co donde los usuarios pueden formalizar su denuncia ante la Policía Nacional o la Fiscalía.

En este país las penas para quienes cometan delitos de injuria o calumnia, van de 16 a 54 meses de cárcel y las multas son de 3 a 1.500 salarios mínimos (de US$786 a US$393.000).

Iniciativa ciudadana en Panamá

El Pacto Ético Digital, surge para hacer un llamado a la conciencia cívica de los actores políticos en las redes sociales y mantener un debate respetuoso de las ideas en Panamá. Foto: Tribunal Electoral de Panamá.

Panamá es el primer país en la región en ejecutar un plan para evitar la reproducción de noticias falsas y difamaciones en las redes sociales, con el objetivo de evitar poner en peligro el proceso electoral que se avecina en 2019.

Se trata del proyecto Pacto Ético Digital, el cual invita a que los panameños no hagan uso de cuentas falsas y “trolls” para desinformar o guiar maliciosamente al electorado hacia ciertas conclusiones o para promover propaganda electoral maliciosa a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos y partidos políticos.

Elizabeth Garrido, Directora de CapitalFinanciero.com de Panamá, expresó a aDiarioCR, que detrás del proyecto no existe una coacción o un color político: “el Tribunal Electoral, invitó a la ciudadanía, a los medios de comunicación y partidos políticos, entre otros sectores de la sociedad a sumarse voluntariamente al pacto”.

Escuche parte de los comentarios de la Directora del periódico digital Capital Financiero.com de Panamá, Elizabeth Garrido, con respecto al Pacto Ético Digital. 

Según la comunicadora, las noticias falsas pueden influir en los procesos electorales, porque si se comparten de manera viral, las personas pueden tener información errónea de algún candidato o posición y con esa idea falsa crear un imaginario que puede influenciar en la decisión del votante.

Garrido no descarta que esta iniciativa pueda ser aplicada no solo al proceso electoral de su país, si no que también podría introducirse en la cotidianidad del panameño a la hora de relacionarse con sus contactos en las redes sociales. 

Pacto Digital no es una ley sino un compromiso que adquiere cada una de las personas que se inscriben voluntariamente. El Pacto se basa en que las nuevas tecnologías no pueden ganarle al espíritu de la democracia y que cada persona debe protegerla en los nuevos espacios digitales.

Ajustes a los nuevos tiempos

Despenalizar los delitos contra el honor es una las tendencias que siguen las democracias modernas, esto no quiere decir que las redes sociales deban convertirse en un espacio para difamar u ofender, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer uso responsable de los medios digitales, para lograr crear un espacio seguro en donde prevalezca la libre expresión sin miedo a ser sometido a represalia.  

Al parecer las leyes deben ajustarse a los tiempos y la Asamblea Legislativa evaluar los tipos de información que se comparten y se han intensificado con las redes sociales, lo mismo que las calumnias y difamaciones.

Muy claro lo dejaba la Expresidenta Laura Chinchilla en su perfil de Facebook en febrero de 2015, cuando el Tribunal de Apelación acogió el recurso que interpuso en contra de la sentencia dictada por un Tribunal de Juicio que había eximido de toda culpa a quien según ella mintió y difamó en su contra: “es posible volver a abrir el debate sobre la necesidad de robustecer nuestra democracia mediante el uso responsable de la internet y las redes sociales, las cuales no pueden convertirse en un espacio en donde prevalezca la impunidad y se prostituya la libertad”.

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Periodista y productor audiovisual. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica.

 

Acerca del autor Arturo Padilla Chinchilla

Periodista y productor audiovisual. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica.

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