Esta semana, tanto Diario Extra como Semanario Universidad denunciaron que AED y Horizonte Positivo controlan Casa Presidencial y el Gobierno del PAC. Asimismo, varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales denuncian que no solo se ha permeado Presidencia, sino también el Ministerio de Hacienda y el MOPT.
Corporate Accountability y el Programa STOP del Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco realizaron el Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera en Latinoamérica en el que Costa Rica reprobó por:
- Incumplimiento del artículo 4.8 al considerar que la modificación en la integración de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito representa un lugar de incidencia y lobby para minar avances en la regulación y control del tabaco.
- Participación de oficiales de gobierno en actividades de responsabilidad social corporativa organizadas por la industria tabacalera o sus representantes y de gobiernos locales lo cual va contra la disposición del artículo 6.2 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT).
- Tratamiento especial del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera al protegerla durante una reforma fiscal. En un mismo ejercicio legislativo, se benefició en un artículo especial para el cálculo menor de la base imponible del impuesto y en una amnistía fiscal, lo cual va contra el artículo 7.3 del CMCT.
- Interferencia de la industria a través de sus representantes en eventos sociales como asistencia técnica en la formación sobre temas de contrabando por ejemplo donaciones a instancias de gobierno dedicadas al tema fiscal lo cual va contra el artículo 2.1 del CMCT.
- Ausencia de mecanismos establecidos para que sus oficiales rindan cuentas sobre las interacciones y reuniones con el sector.
- Presiones de la industria en relación con la regulación de la publicidad de cigarrillos sobre Presidencia y Ministerios, lo que va contra el artículo 2.2 del CMCT.
- Ausencia de mecanismos para prevenir la interferencia de la industria tabacalera en las políticas relacionados con el control del tabaco, mandado en el artículo 4.2 del CMCT.
Denuncias contra Comisión en Hacienda
Desde octubre 2020, aDiarioCR.com denunció los cambios -vía decreto- que ha realizado el presidente de la República, Carlos Alvarado, en la constitución de la Comisión Mixta Contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda. Él y su antecesor, Luis Guillermo Solís, introdujeron a tres cámaras empresariales en un comisión que dicta políticas públicas. Además de darles voz -en la Administración Solís- ahora Alvarado les dio voto.
Para la Red Nacional Antitabaco (RENATA), un Gobierno no debe someter a votación del sector privado decisiones que son de su absoluta responsabilidad porque están relacionadas con la política pública, así como el decreto publicado en junio es contrario al principio de legalidad y al marco normativo internacional adoptado por el país.
“El sector privado podría impedir, influenciar e incidir una potestad pública a favor de intereses privados, y eso hay muchas maneras en que se puede dar. Por ejemplo, que se presenten mociones en un plan de política pública, o que no lleguen a sesionar, impidiendo la votación que ese plan se pueda votar. Hay muchas formas en que pueden influir de forma positiva o negativa para que el Gobierno deje de cumplir temas donde él es el único responsable”, detalló el Lic. Christian Campos, abogado de RENATA.
“Tenemos instancias privadas con voto en asuntos públicos y eso no puede ser de ninguna manera, porque antes podían influir, pero ahora pueden influir y votar. Nos preocupa que en la búsqueda de acciones contra el comercio ilícito, estén tomando decisiones estas instancias privadas”, comentó Nydia Amador, Presidenta de RENATA.
La representante de RENATA recordó que el fin de la Comisión es luchar contra el comercio ilícito y que hay una serie de funciones que son exclusivas del Estado, en las que la participación de las cámaras con voz y voto, pueden comprometer el CMCT, pues el reciente cambio en la Comisión, iguala a los representantes de ministerios que constituyeron la Comisión, con las cámaras que representan intereses de sus agremiados.
“Desde la Red Nacional Antitabaco enviamos una carta al ministro de Hacienda, Elian Villegas, con el fin de que deroguen los decretos que transformaron a la Comisión Mixta de la Administración Chinchilla para controlar el contrabando, a lo que es hoy: una reunión quincenal donde los representantes de las empresas le dicen al Gobierno qué hacer y cómo hacerlo para probablemente evadir todo tipo de regulación”, explicó Amador.
En la misiva de RENATA se puede leer que es “de alto interés recordar que órganos de entidades públicas, como esa Comisión, deben actuar con pleno sometimiento al deber de probidad, y en su seno, no pueden participar sujetos (o entidades) que comprometan una resolución de sus asuntos con reparo en la objetividad, y procura del interés público. Por tanto, la participación de sujetos, que representan intereses privados, donde, debe decirse así de claro, está representado con voz y voto indirectamente la industria tabacalera, puede comprometer, en las decisiones que adopte esa Comisión, lo expuesto, lo que, sin duda, es una infracción al ordenamiento jurídico”.
TRACIT pidió fortalecer la Comisión Mixta
En julio pasado, aDiarioCR.com denunció el intento de la organización estadounidense Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit), de influir en las políticas del control en Costa Rica. Este ente es un grupo financiado por tabacaleras y productoras de licores que ha insistido en que la Comisión Mixta Contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda, tenga más influencia en la toma de decisiones.
En aquella ocasión la médica Reina Roa, del Ministerio de Salud de Panamá, reiteró que “las Partes del Protocolo (refiriéndose al CMCT) no deben recibir a TRACIT ni establecer alianzas con esta entidad, ni con ninguna otra que tenga vínculos directos o indirectos con la industria tabacalera”.
Roa, reconocida mundialmente por la OMS por su activismo y liderazgo, insiste en que la protección de las políticas de control de tabaco de la interferencia de la industria tabacalera, es un deber legal de todos los gobiernos que han suscrito el CMCT y el Protocolo, convirtiéndolos en parte integral de las legislaciones nacionales.
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Redacción
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