Desde 1 de diciembre del 2020, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) recibió el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR) para contratar un sistema de pago electrónico aplicable en trenes y autobuses públicos.
Las tarifas serán supervisadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y el sistema en sí, se desarrollará bajo los criterios del BCCR, que en un inicio externó que la licitación debía hacerse en el extranjero.
Este último aspecto provocó que la empresa Passer, que desarrolla tecnologías de software y pagos, presentara un reclamo administrativo en contra de la institución bancaria por “manejo incorrecto y falencias en las fases del proyecto de contratación directa de la pasarela electrónica de pagos de transporte público”.
La compañía presentó el reclamo alegando que el Banco Central públicamente aseguró que en el país no existen soluciones tecnológicas para implementar el pago electrónico en autobuses, cuando desde el 2018 ofertaron los servicios para esta iniciativa.
“El Banco ignora las propuestas de nuestra empresa, que ya cuenta con la tecnología necesaria para implementar el pago electrónico en los autobuses”, manifestó Tyrone Mayorga, director comercial de Passer.
Banco no ha hecho público ningún cartel con detalles de la contratación
Según Mayorga, el BCCR no ha hecho público ningún cartel que detalle los requerimientos de la contratación, ni ha explicado por qué preseleccionó a dos empresas internacionales para el proyecto.
Por esta razón, piden que el banco haga público el cartel y brinde una copia certificada. “Estos servicios ya se ofrecen a nivel nacional y a costos mucho más económicos. Las contrataciones de consultores externos que ha realizado la entidad bancaria son un total despilfarro de dinero”, agregó el director comercial de Passer.
La CGR autorizó en diciembre la contratación por un monto de US$1 millón, bajo la condición de que el BCCR debe invitar al menos a cinco empresas cuya idoneidad debe quedar acreditada en el expediente administrativo.
“Sin perjuicio de recibir y evaluar alguna otra propuesta que sea presentada por otro oferente no invitado expresamente al concurso”, dice el documento de la Contraloría.
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