Congresistas y la Defensoría de los Habitantes han solicitado en repetidas ocasiones eliminar la restricción vehicular que se ha mantenido durante meses como una medida para evitar el contagio del Covid-19.
Una de ellas es Floria Segreda, diputada de Restauración Nacional que desde noviembre pasado solicitó al presidente de la República, Carlos Alvarado, poner fin a la medida, especialmente porque considera que se ha aplicado de forma antojadiza y sin criterios técnicos.
“Los cierres aplicados por este gobierno solo han servido para golpear la economía de los costarricenses, la restricción vehicular es una imposición de este gobierno autoritario, que debe acabarse ya”, aseguró la congresista.
Por su parte, Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, solicitó al ministro de Salud, Daniel Salas, un estudio técnico que sustente la decisión de continuar con la medida.
“La restricción vehicular a como está concebida en la actualidad, debe dejarse sin efecto de manera inmediata, y fortalecer de acuerdo a los estándares internacionales, la educación en la necesidad del lavado de manos constante, el uso de la mascarilla de protección y el distanciamiento social”, enfatizó la Defensora.
Crespo dio un plazo de cinco días para que Salud rinda el informe.
Cruickshank pide no aplicar restricción a vacunados
Por su parte, el diputado jefe de Restauración Nacional, propuso este miércoles al Poder Ejecutivo eliminar la restricción vehicular diurna a las personas que tienen el cuadro de vacunación contra Covid-19 completo.
La sugerencia la planteó a través de una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado, en la que también señala la necesidad de privilegiar la vida y la salud de la población sin retrasar la recuperación de la economía.
“Si el país ya acumula 3.346.265 vacunas suministradas, entonces existe una cantidad importante de personas vacunadas, que ya podrían circular para contribuir con la recuperación económica sin que esto constituya un riesgo para la salud de la población”, explicó el legislador.
Uso de millones recaudados en multas
El órgano defensor también pidió cuentas a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por el uso de más de ¢1.000 millones recaudados en multas provenientes de la restricción vehicular que se le transfirieron.
La Defensoría anteriormente había consultado al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) a qué se destina el dinero de las multas por esta medida, cuya respuesta fue que según la Ley 9.910 se utilizaría para financiar ayudas a personas afectadas económicamente por dicha emergencia; sin embargo, la legislación se reformó en noviembre anterior, con lo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ahora recibe el dinero.
Durante el tiempo en que la ley dirigía lo recaudado a la CNE, esta institución recibió ¢1.152.150.696 millones, por lo que la Defensoría remitió un oficio a las autoridades de la Comisión para que informen detalladamente el uso de los fondos.
Según la institución, la petición la realizó considerando que el estado social de derecho costarricense está cimentado en los principios rectores de transparencia, publicidad y rendición de cuentas.
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