Tras la primera parte de la audiencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD), algunos diputados manifestaron que el mandatario no ha garantizado que la seguridad jurídica y la intimidad de los costarricenses está resguardada.
Alvarado justificó la creación de la Unidad y defendió el trabajo realizado por sus integrantes alegando que fue una labor de importancia para el país, ya que “permitió analizar datos para que las políticas públicas resultaran más eficientes y contribuyeran a la política nacional de precisión”.
De acuerdo con el presidente, por medio de este análisis se pudo cuantificar el fenómeno migratorio nicaragüense y de los refugiados, y otros temas como la priorización de las inversiones en infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP).
“El grupo no trabajaba de manera oculta y no se utilizó información para realizar espionaje; no hubo mal uso de los fondos públicos”, aseveró el presidente.
Sin embargo, para el jefe de la fracción liberacionista Luis Fernando Chacón: “El presidente ha justificado la creación por orden de él para ser utilizado en políticas públicas, eso ha quedado claro, pero no ha garantizado de qué forma esa información no será trasladada en un futuro para otros asuntos que rompan la seguridad jurídica y la intimidad de los costarricenses garantizada por nuestra Constitución”.
Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, externó su preocupación por las respuestas que Alvarado brindó. “Él dice que no tiene idea de lo que pasa en su despacho, pero indica que es él quien da instrucciones a sus asesores de lo tienen que hacer. Es sorprendente que se contradiga”, apuntó el diputado.
El congresista agregó: “Estamos alarmados de que asegure que no pidieron nombres, condición social, inclinación sexual, religión, entre otra información personal, cuando tenemos ocho documentos donde él mandó a pedir esos datos por escrito, por correo y de forma verbal”.
Trabajo realizado de buena fe
Según Alvarado, el análisis de datos realizado por UPAD fue realizado de buena fe y para servirle a la ciudadanía. Descartó que la información haya sido para beneficio de él o con objetivos electorales.
“Di instrucciones para la redacción del decreto de la creación de la Unidad, donde se daba permanencia en el tiempo a la iniciativa. Lo firmé convencido de su legalidad, pero reconozco que contenía un error de redacción que permitió interpretaciones negativas”, afirmó el presidente de la República.
La legisladora Paola Vega manifestó que la audiencia es inconstitucional y expresó su molestia con el evento, sosteniendo que las preguntas son más de lo mismo.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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