En busca de estrategias que solucionen la deuda pública del país, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, solicitó al presidente de la República, Carlos Alvarado, analizar la posibilidad de realizar una mesa interinstitucional.
La jerarca aseguró que el Gobierno ha omitido convocar a diálogo, pues desde junio pasado solicitó hacerlo con expertos nacionales y distintos entes profesionales preocupados por la situación financiera.
“Hacemos un vehemente llamado para que se concrete este diálogo interinstitucional comprometido socialmente con el presente y el futuro del país. Para que el mismo sea fructífero se deben acordar las acciones concretas que el país debe de implementar respecto de la reducción y moratoria de la deuda pública estatal, que potenciaría la reactivación económica a través de la mejora en producción, el empleo, la comercialización y exportación de productos hechos en Costa Rica”, explicó Crespo.
Reducir deuda para reactivar economía
De acuerdo con la institución, el costo incremental que representa la deuda impide la reactivación económica, principalmente porque solo el pago de intereses representa el 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020.
Asimismo, datos de la Defensoría indican que del total de la deuda pública, 76,27% corresponde a la deuda interna y el 23,73% a la externa. “Lamentamos que el Poder Ejecutivo omita referirse a estas ideas de solución que ayudarían a superar la crisis económica actual y en vez de ello, se limite al facilismo de gestionar más impuestos”, manifestó la institución.
El órgano defensor apuntó a que los analistas y especialistas del Ministerio de Hacienda afirman que a pesar de la crisis causada por la pandemia del Covid-19 y las restricciones impuestas, el Gobierno central tuvo un superávit primario de 0,45% del PIB, una situación que no se presentaba desde el 2008. Asimismo, que al cierre de este año habrá un déficit primario menor al 0,9% del PIB.
Además, resalta que la situación impacta negativamente el balance fiscal del Gobierno Central. Prueba de ello es que de los ¢11,5 billones del presupuesto nacional para el 2022, un 43,4% de él se destinará al servicio y amortización de la deuda pública.
“La atención de la deuda demanda la mayor protección y tutela por parte del Estado y sus instituciones, para garantizar al habitante condiciones sociales para el pleno ejercicio de sus derechos humanos”, finalizó Crespo.
- Feria Brete GAM ofrece 5.800 puestos de empleo - 25 de noviembre de 2024
- Proyecto de ley protegerá a agricultores afectados por desastres naturales - 24 de noviembre de 2024
- Villas navideñas: Las favoritas de la temporada - 17 de noviembre de 2024
Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Comentarios