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Costa Rica busca ley contra la violencia armada
  • Persona como centro de la política pública, sistema de trazabilidad, mayor control y veda de importación de armas entre las soluciones ante la violencia armada.
  • En el 2017 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 603 homicidios, de los cuales, 410 (68%) fueron hechos con armas de fuego. De estas muertes, 289 se atribuyen a ajustes de cuentas o a venganzas.

    El OIJ indicó que 151 de los homicidios estaban vinculados al narcotráfico. “Estos crímenes en su mayoría tienen relación con pugnas de narcomenudo en distintas zonas del país que están bien determinadas: Limón cantón central, Pococí, Pavas y el sur de San José”, afirmó Michael Soto, ministro de Seguridad Pública.

    Max Loría entregó una carta a los diputados con el fin de que aprueben una reforma parcial a la Ley de Armas y Explosivos – Expedientes 20.508 y 20.509.

    Para Max Loría, exviceministro de Paz y Justicia, la ley vigente es muy permisiva en la cantidad de armas por ciudadano (tres). Asegura que le hacen falta algunos controles capaces de impedir el ciclo perverso de las armas.

    “Muchas armas pasan de ser legales a ser ilegales, lo que permite que muchos delincuentes tengan acceso a las armas legales de diferentes formas, algunos las venden, otros las roban. De todas maneras la mayoría de las armas terminan en manos de criminales y eso es precisamente lo que debemos cambiar”, explicó Loría.

    De acuerdo con Loría, en el país circulan cerca de 250.000 armas inscritas. “Los cálculos más conservadores en el mundo establecen que por un arma inscrita, hay un arma ilegal. Estaríamos hablando de por lo menos medio millón de armas y somos cinco millones de habitantes, es decir que hay casi armas para el 10% de la población”, señaló.

    Janekeith Durán, activista social y político en derechos humanos.

    Janekeith Durán, activista social y político en derechos humanos, coincide en que la tenencia de armas requiere especial atención, ya que son concebidas como un aparato para matar.

    “Aunque es entendible que la gran mayoría de personas que desean obtener un permiso de portación de armas lo hagan pensando en la protección de su familia o de sí mismos (…) para hacer uso de la legítima defensa”, destacó Durán.

    El activista señaló que en una sociedad armada aumenta el riesgo de su mala utilización. Además de que una parte importante del mercado ilegal se alimenta de las que sí están debidamente inscritas.

    “Las armas pueden terminar en manos de los delincuentes por motivos de pérdida o hurto. Tomando eso en cuenta, más los riesgos personales y familiares, la sensación de seguridad que pueden llegar a ofrecer las armas es una ilusión muy peligrosa”, considera Durán.

    Tenencia de armas de fuego

    Actualmente la ley permite que cada ciudadano registre tres armas de fuego. Es por ello que se presentó una Reforma Parcial a la Ley de Armas y Explosivos – Expedientes 20.508 y 20.509, para que -entre otras cosas- se permita solo un arma de fuego por persona. Sin embargo mediante una moción de fondo al proyecto de Ley 20.509 que se aprobó hace tres días, se establece que la cantidad permitida es nuevamente tres.

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    De acuerdo con Esteban Ruiz, psicólogo certificado para evaluar la idoneidad mental para portar armas, el que un ciudadano tenga más de una, no hace más propenso el hecho de que se cometan delitos con esas armas legalmente inscritas.

    “Cuando hablamos de delitos con armas de fuego, no sabemos si (las armas) vienen de narcotráfico, no sabemos si las robaron o si fue un portador legal, que es poco probable. El que se pueda tener una o tres armas, no convierte a los portadores en más o en menos propensos a que sus armas vayan a cometer un crimen”, recalcó Ruiz.

    Para él, el ciudadano debe tener la posibilidad de tener más de un arma:

    Posibles soluciones

    Para que una persona pueda portar un arma debe pasar por varias pruebas, entre ellas: aprobar un examen psicológico, aprobar un examen teórico práctico del Ministerio de Seguridad Pública, tener la hoja de delincuencia limpia, tomarse el registro de huellas con el que se revisan los antecedentes penales, comprar una firma digital, y luego de eso, puede comprar un arma.

    Las evaluaciones psicológicas se le realizan a los portadores cada dos años, así como la revisión de antecedentes penales. Sin embargo, Ruiz considera que la evaluación teórico práctica podría repetirse más seguido para mejorar los filtros.

    Loría considera que las instituciones pueden mejorar el control, sin embargo, la legislación es importante para tener mayores filtros: “Se debe comenzar con una política de Estado que permita articular todas las intervenciones públicas y así avanzar en temas de prevención de violencia, de fortalecimiento de la policía”.

    Loría explica que el problema recae en el tema de trazabilidad: “Si yo tengo un arma y se la vendo a otra persona, el Estado pierde el control de la misma. Esto debe mejorar con las armerías y los vendedores. Se ha venido trabajando mucho en sistemas informáticos, sistemas que posibiliten tenerlos bastante regulados y bastante controlados porque hay que entender que no estamos hablando de confites ni de cualquier cosa fácil de comprar”, dijo Loría.

    Janekeith Durán concluyó con hay un deterioro de la seguridad ciudadana y una percepción negativa en la población en términos de impunidad y de la labor de las instituciones policiales y judiciales: “Lo primero que se debe trabajar es la seguridad desde un enfoque amplio, que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas. En la política de seguridad debe primar la prevención del delito y la promoción de la paz”.

    Japón es uno de los países con menores tasas de homicidios a nivel mundial y tiene una tasa de menos de 0,6% de su población armada, según Small Arms Survey , en comparación con Costa Rica con un 10% o con EE.UU. con un 89% de su población armada.

    Un esfuerzo más cercano a Costa Rica es el de Panamá, que desde 2011 estableció una veda a la importación de armas y municiones y ha logrado bajar el índice de homicidios: de 20,61 por 100.000 habitantes en el 2011 a 11,38 en el 2015. 

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    Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

    Bachiller en Periodismo y Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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