Patrocinio

¿Costa Rica sin ejército?

Sí, pero casi un 5% de la población está armada mientras que países como Singapur y Japón tienen solo un 0,5%.

Fotografía de Mario Roa: José Figueres da un mazazo al muro del Cuartel Bellavista, el 1 de diciembre de 1948, Día de la Abolición del Ejército de Costa Rica.

El 1 de diciembre pasado celebramos el 70 Aniversario de la Abolición del Ejército de Costa Rica. Una fiesta grande pues somos el único país del mundo que no tiene ejército. Bien lo dijo el japonés Ryoichi Sasakawa en una de sus visitas a Costa Rica: “Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer jamás será soldado”.

Sin embargo, parece que la fiesta la están haciendo otros con la venta de armas en nuestro país.

Costa Rica se está armando como si fuera para una guerra. Así lo confirmó aDiarioCR en el taller llevado a cabo el 29 de noviembre pasado que tuvo como fin formar una Coalición Cívica para apoyar reformas a la ley de armas. El encuentro dirigido por el Lic. Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad, se dio en el Colegio de Abogados, para la presentación de la Reforma Parcial a la Ley de Armas y Explosivos – Expedientes 20.508 y 20.509. Esta reforma fue presentada en la corriente legislativa el 13 de setiembre de este año ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

5% de la población está armada

En los últimos 20 años, la tenencia de armas ha crecido un 150%. Según Max Loría, del Ministerio de Seguridad, actualmente hay 240.000 armas inscritas en el país, casi un 5% de la población está armada. La mayoría son hombres con un promedio de edad de 45 años.

Muchas son importadas de EE.UU. País donde los ciudadanos poseen 265 millones, más de una por cada ciudadano adulto y donde un 3% de los adultos tienen una media de 17 armas per cápita, según un estudio de Harvard y Northerneastern publicado por The Guardian y The Trace.

Si nos comparamos con EE.UU. donde las cifras de muertes por tiroteos masivos son escalofriantes, con un 89% de la población armada, Costa Rica no está mal. Sin embargo, se puede mirar hacia arriba y conocer que Singapur y Japón, países muy seguros tienen tan solo un 0,5% de su población armada, según Small Arms Survey.

Necesidad de reforma

De las armas inscritas por las empresas de seguridad privada en Costa Rica, Más de 8.000 se encuentran perdidas. En el caso de homicidios, según Max Loría, el 37% de las armas incautadas estaban registradas, mientras que en los casos de delincuencia el 26%. Las armas registradas también son parte del problema, pues inevitablemente pasan a manos de delincuentes y terminan agravando el problema de inseguridad.

Según Eduardo Solano, la tasa de homicidios se estabiliza o baja cuando se decomisan las armas, las cuales tienen un gran impacto en el área privada.

Las personas que están consolidando la Coalición Cívica desean mejorar la regulación del uso de armas en el sector privado. Ellas aseguran que muchas veces es innecesaria su utilización y ven necesarios muchos cambios. Un cambio que desean hacer es el retiro permanente de armas a quienes hayan cometido violencia doméstica. Actualmente, no se les puede quitar las armas indefinidamente ya que por la matrícula deben ser devueltas a su dueño si este está libre. La reforma parcial a la Ley de Armas y Explosivos estipula que se decomise el arma, se le quite el permiso de portación y la matrícula para no tener que devolverla y que no se cometa otro delito.

Reforma parcial a la Ley de Armas y Explosivos

El Proyecto-20508 busca modificar la Ley de Armas y Explosivos (Ley #7530) y sus Reformas, con el fin de que se reporte cuando se pierde un arma en un plazo definido y con multa. Además, estipula que la matrícula o el permiso de portación de armas sea por tres años para que la persona se vea en la obligación de renovarlo y tener más control de las armas inscritas que hay.

Patrocinio

A las personas que porten un arma inscrita, pero sin permiso se les asigna de 2 a 4 años de cárcel. Si el arma no está inscrita o se utiliza en delincuencia organizada o asociación ilícita se aumenta un tercio. Cuando uno de los bienes sale de su posición las personas físicas o jurídicas están en la obligación de informarlo al OIJ o al Departamento de Control de Armas y Explosivos (DAE), en un plazo de dos días hábiles, junto con la copia de la denuncia judicial. A quien pierda un arma de fuego se sanciona con tres salarios mensuales base de oficinista 1, como se indica en el artículo 2 de la Ley #7.337.

Quienes posean armas de fuego sin inscribirlas a su nombre tienen seis meses para completar el proceso de inscripción, de no ser así el Artículo 88 estipula una sanción de 3 a 5 años de prisión. Mientras que el Artículo 34 obliga a informar al DAE cuando se da el traspaso de un arma ya inscrita.

El Artículo 25 estipula los 11 tipos de armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos; mientras que el Artículo 89 estipula de 10 a 20 años de cárcel a las personas que posean, adquieren o comercialicen armas prohibidas por la ley (armas de destrucción masiva, armas prohibidas por los convenios de Derecho Internacional y municiones prohibidas por los convenios de Derecho Internacional).

El Proyecto-20509 tiene como artículo único reformar los artículos 7, 20, 23 y 51 de la Ley N.° 7530, con el fin de delimitar las personas que no pueden tener armas. Entre ellas están las condenadas con penas privativas de libertad, con antecedentes penales o judiciales por violencia, las personas que están siendo procesadas judicialmente, menores de 18 años (excepto en caso de deporte), y quienes tengan un impedimento mental o físico.

Asimismo, el artículo 20 estipula que las armas largas solo podrán usarse en la práctica de actividades deportivas y en campos de tiro debidamente acreditados, así como en las actividades de caza permitidas.

El artículo 23 estipula que las personas físicas pueden inscribir una única arma de fuego en el DAE. Los permisos de inscripción se podrán prorrogar por periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y reglamento.

El Artículo 51 prohíbe a los particulares portar armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados en: instituciones públicas, centros de salud o educativos estatales o privados, establecimientos o actividades públicas que comercialicen licor, centros y recintos recreativos, casinos, estadios, o cualquier instalación con competencias deportivas, espacios públicos donde se realicen actividades de concentración masiva o de culto. Los sitios donde esté prohibido el ingreso de armas de fuego deberán tener avisos de dicha disposición en la entrada del local y de forma manifiesta y visible.

Se exceptúan de la prohibición: polígonos de tiro registrados, instalaciones para dar cumplimiento a requerimientos de una autoridad competente, para un trámite específico, los integrantes de cuerpos policiales en desempeño de sus funciones, y agentes de seguridad privada que se encuentren brindando el servicio contratado.

En busca de soluciones

Getty Images

Al estar Costa Rica cerca de dos de las tres ciudades más peligrosas del mundo: Caracas, San Pedro de Sula y San Salvador, con tasas de homicidios 20 veces mayores que la media mundial, el país debe promover el desarme.

Esta semana en Santiago de Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer el estudio “Crimen y violencia, obstáculos para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe”. Según las declaraciones que dio a AFP, publicadas por El Economista, la experta en seguridad Lucía Dammert indicó que el crimen y la violencia son obstáculos para el desarrollo de las ciudades de América Latina. Para ella, la presencia del crimen organizado está expuesto mediante bandas de narcos, trata de personas y minería ilegal. A esto se le suma –sobretodo en Centroamérica- el alto uso de armas de fuego que terminan con problemas cotidianos.

Estar en la zona más peligrosa del mundo –Latinoamérica- con un 39% de los homicidios del mundo, con solo un 9% de la población mundial, debe incentivar al país a regular las armas, así como a aumentar la legitimidad de la policía y la justicia, aseguró Loría.

Si le interesó el tema puede leer esta opinión de Max Loría.

Colaboró con la recopilación de la información Adriana Fonseca.

¿Qué le pareció esta nota?

Califíquenos de 1 a 5 estrellas

Si le pareció interesante esta nota,

¡síganos en redes sociales!

¿Cómo podríamos mejorar esta información?

Latest posts by Gabriela Zamora Sauma (see all)

Comentarios

Comunicadora con más de 20 años de experiencia en medios y consultoría. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, Universidad de Costa Rica.

 

Acerca del autor Gabriela Zamora Sauma

Comunicadora con más de 20 años de experiencia en medios y consultoría. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, Universidad de Costa Rica.

Artículos recomendados