El Poder Ejecutivo amplió la convocatoria para el conocimiento de las sesiones extraordinarias del Congreso con dos proyectos de ley: el 21.564 contra la facilitación de la delincuencia desde los centros de detención, y el 20.822 de fortalecimiento institucional y financiero de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil.
Ambas propuestas de ley fueron presentadas por la diputada independiente Ivonne Acuña, la primera en el 2019 y la segunda en el 2018.
La primera iniciativa busca imponer pena de inhabilitación de tres a cinco años para el ejercicio de cargos en la administración pública, a funcionarios que introduzcan o faciliten el ingreso de cualquier tipo de aparato electrónico de telefonía a un centro de detención.
De acuerdo con el proyecto de ley, también se les impondrá una multa de diez salarios base y una medida de seguridad, a quienes sin ser funcionarios públicos ni proveedores, introduzcan o faciliten el ingreso a un centro de detención de cualquier tipo de aparato electrónico de telefonía o telecomunicaciones.
Para la ejecución de estas medidas, la diputada Acuña señaló que se deberá elaborar y poner en funcionamiento una base de datos nacional y actualizada, de las personas sancionadas, con el fin de que el o la infractora, no ingrese a los centros penales mientras la sanción esté vigente.
Reformas a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
En cuanto al proyecto de Ley 20.822, la diputada Acuña propone hacer reformas a la Ley 9.220 Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, para que la población objetivo esté constituida por niños y niñas menores de doce años de edad, y no solo hasta los siete años como es actualmente. Esto será de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, se establece que se incluirán dentro del desarrollo infantil que forman parte de Redcudi, los servicios ofrecidos a familias por medio de los subsidios de entidades públicas, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Entre las modalidades que combinan lo público y lo privado, el texto del proyecto menciona los hogares comunitarios y los centros de cuido y desarrollo infantil administrados por organizaciones de bienestar social; asociaciones solidaristas, asociaciones de desarrollo, cooperativas o empresas privadas.
Acuña también propone que el PANI sea el que coordine y presida la Comisión Consultiva de la Redcudi, y que se constituya la Secretaría Técnica de la Redcudi como instancia técnica responsable de promover la articulación entre instituciones públicas y privadas, y de las actividades que se desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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